El juez James Cohn de la Corte de Distrito de Florida, EE.UU., anunció ayer a mediodía que no se encontraron pruebas suficientes en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada que demuestren las acusaciones de "actos deliberados e intencionales" que provocaran las muertes de ciudadanos bolivianos durante la llamada Guerra del Gas, en 2003.
La decisión del juez Cohn revierte el veredicto dictado por el jurado en el juicio civil que había sentenciado una indemnización de $us 10 millones de dólares que el expresidente debía pagar a las víctimas del conflicto acontecido durante su gobierno, con el argumento de que no existen suficientes pruebas y evidencias que demuestren que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueran responsables por estas muertes.
La decisión del juez fue publicada por correo electrónico, y fue contundente al manifestar que no existe responsabilidad del expresidente y su ministro de Gobierno en las muertes y lesiones causadas en 2003, por tanto estableció que no habrá resarcimiento económico alguno para las víctimas de la llamada Guerra del Gas.
"Con la decisión del juez concluye el juicio sobre los difíciles y lamentables eventos de septiembre y octubre de 2003 que interrumpieron la democracia en Bolivia. El dictamen final del juez comprobó que mi gobierno actuó de acuerdo con la ley y que nunca tuvo intención de causar daño a nadie. Estoy seguro de que para todos quienes me acompañaron desde el gabinete y el gobierno, este veredicto confirma lo que siempre estuvo en nuestra conciencia", dijo en un comunicado escrito Sánchez de Lozada.
La decisión tomada por Cohn se sustenta en que no existió ningún plan o intención de causar daño a la población y que se habría actuado conforme lo que dicta la ley en Bolivia.
"La evidencia demostró que el gobierno enfrentó la conmoción social en medio de una grave crisis económica, siempre buscando el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos, mientras que muchos buscaban destruir la democracia", agregó Goni en su conjurado escrito.
El expresidente escribe también en su comunicado: "Sin embargo, seguimos lamentando el dolor y la tragedia que los hechos violentos del año 2003 generaron para decenas de familias de ciudadanos bolivianos (...) Esperamos que los resultados de este juicio no solamente recuerden a todos la importancia de la justicia para la democracia, sino que nos permitan recuperar la confianza en las instituciones democráticas".
El fallo alcanzaba también a Sánchez Berzaín, ambos declarados por la justicia boliviana como prófugos precisamente por las más de 60 muertes y 400 heridos que ocurrieron en septiembre y octubre de 2003 en medio una convulsión social que culminó con la renuncia y huida del exmandatario.
"NO ACABA"
Juan del Granado, exalcalde de La Paz y uno de los testigos de cargo en el juicio contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, aseguró ayer que con la resolución del juez Cohn “no acaba” el proceso, puesto que hay trámites para apelaciones.
