El presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, planteó ayer martes la necesidad de reponer el proyecto de ley destinado a suspender en forma inmediata a jueces y fiscales acusados por el delito de consorcio, para facilitar sanciones penales contra estos malos operadores de justicia.

Borda se refirió así a la detención de la juez Primero Anticorrupción y Lucha Contra la Violencia de La Paz, Cinthya Delgadillo, quien fue enviada a detención preventiva, acusada de incurrir en ese tipo penal,  junto a abogados que al parecer eran los encargados de redactar sentencia y resoluciones judiciales de su despacho.

El oficialista manifestó que siempre hubo delitos de consorcio, donde los abogados incurren en delitos de corrupción con jueces y fiscales y por eso es que muchos litigantes que tienen razón en sus procesos, acaban perdiendo un juicio.

Explicó que anteriormente había una ley que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), fomentando la corrupción y dijo que de nada sirvió elevar las penas en el Código Penal porque persiste el círculo vicioso, donde el fiscal no  puede procesar al juez y viceversa, porque ambos están metidos en un delito de consorcio.

“Entre ellos se dan la mano”, declaró al advertir que ya no es posible admitir casos de consorcios, donde particulares manejan decisiones judiciales.

Consideró que es necesario dotar de un mecanismo más efectivo para que sin vulnerar el principio de presunción de inocencia, si existen indicios contra un juez o un fiscales, estos puedan ser suspendidos del ejercicio de sus funciones para que no ejerzan influencia.