Saúl Lara, el abogado que se encargó de las gestiones en su condición de jefe de gabinete de la Cancillería boliviana, viajó 12 veces a Brasil y contrató a un prestigioso bufete de juristas, encabezado por Antonio Carlos Osorio, lo que al Estado boliviano le costó $us 250.000 para recuperar al exdictador Luis García Meza, además de otros gastos, según publicó El Deber.

Sin embargo, antes desde su captura hasta su primera noche en la cárcel de Chonchocoro pasó un año, donde corrieron miles de dólares y Bolivia se sumió entre el entusiasmo y la incertidumbre por la dilación del juicio. Testigos reconstruyen ese momento histórico.

Uno de los objetivos de la justicia boliviana era dar con el paradero del general que había sido sentenciado a 30 años de prisión por los crímenes cometidos durante el gobierno de facto de 1980-1981 y que había fugado del país cuando conoció su sentencia.

Un día de febrero de 1994, el viceministro de Régimen del Interior, Hugo San Martín, recibió en su despacho una llamada crucial.  “Me llamó una mujer para decirme que sabía dónde estaba y quedamos en vernos”, relató San Martín.

Se encontraron en un hotel de la plaza Isabel la Católica de La Paz, ella le entregó un papel donde estaba escrita la dirección del exdictador en San Pablo y le dijo que salía a trotar tres veces por semana con un guardaespaldas.

Más tarde se conoció que quien cuidaba a García Meza era su exasesor, el coronel Gualberto Rico. San Martín no revela quién fue la mujer que le dio el dato, pero al exdictador nadie le quitaba de la cabeza que fue una familiar suya la que "sopló" su escondite, según afirmó su abogado, Frank Campero.

San Martín pasó el dato a Interpol, que con ayuda de la inteligencia de EE.UU. que lo buscaba por narcotráfico; rastreó a García Meza. El 2 de marzo de 1994, la embajada de Estados Unidos informó al Gobierno boliviano que habían encontrado al exdictador y lo vigilaban.