Los abogados del expresidente Gonzalo "Goni" Sánchez de Lozada y del ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, advirtieron que los demandantes, víctimas de Octubre Negro, y su defensa no pueden proclamar victoria con base en el veredicto que emitió el jurado de la Corte de Florida en EE.UU. que los declara responsables por la masacre de  2003.

En un documento difundido ayer viernes, los abogados, Stephen D. Raber, Ana C. Reyes y Williams Connolly, explicaron que el fallo emitido el pasado 3 de abril no es la decisión final del tribunal y que  la Corte instruyó a los defensores y las víctimas que no  declaren victoria porque el proceso aún no tiene una decisión final.

"El veredicto que el jurado ha emitido el 3 de abril no es la decisión final del tribunal. El caso continúa y la Corte específicamente ya había advertido a los demandantes y a sus abogados que no proclamen victoria en base al veredicto del jurado debido a que el mismo no es la decisión final", expresaron los juristas a nombre de los exfuncionarios.

 DECISIÓN FINAL

Los juristas que representan a los exfuncionarios bolivianos afirmaron que, tras presentar la apelación al veredicto del jurado que determina el pago de 10 millones de dólares por inconsistencia legal, la decisión  final del juez recién se conocerá el 4 de mayo.

La defensa de los exfuncionarios bolivianos añade: "la Corte estadunidense solicitó a las partes presentar por escrito argumentos suplementarios "a fin de considerar nuestra moción de descartar la demanda o anular el caso en aplicación de la regla 50 de las normas federales de procedimiento civil".

"La regla 50 es una norma bien establecida en la justicia americana que permite a un juez anular un caso cuando la evidencia es insuficiente  para poder sustentar una decisión razonable del jurado en favor de los demandantes", mencionan.

Los abogados de Goni y Sánchez Berzain, asimismo, ponen en conocimiento de la opinión pública los motivos por los que, consideran, que la evidencia presentada es insuficiente para sostener el veredicto que emitió el jurado y debería anularse.

Asegura, en primer lugar, que "los abogados de los demandantes ya admitieron que no existieron órdenes de nuestros defendidos para disparar y matar civiles desarmados".