El pago a consultores y la organización de actos en el proceso de elaboración del Código del Sistema Penal, que fue derogado, costó 879.387 bolivianos, de los cuales, el 84 % se financió con recursos de cooperación externa y el 16 % con el Tesoro General de la Nación (TGN).
La información fue revelada ayer por el senador opositor Óscar Ortiz, en base a los datos que le proporcionaron en un informe los presidentes de las cámaras legislativas.
El senador precisó que de los 879.387 Bolivianos usados en esta norma, 736.389 salieron de la cooperación internacional y el TGN erogó 143.000 Bolivianos, mediante la vicepresidencia.
Según los datos revelados por Ortiz, la mayor parte del dinero erogado, 586.496 Bolivianos, se destinó a consultores; mientras que 292.981 Bolivianos fueron para actos.
Del dinero destinado a consultores, 379.476 Bolivianos fueron para extranjeros, entre quienes destaca el argentino Alberto Binder con 156.857 Bolivianos.
