El ministro de Educación, Roberto Aguilar, resaltó ayer miércoles que el cierre de las unidades educativas privadas, que no acaten el incremento oficial de pensiones escolares, es una última instancia de sanción.

“El cierre está establecido (en la norma, pero) si existen situaciones extremas que pongan en riesgo la educación de los niños”, dijo.

Remarcó que la educación no puede ser un negocio, por tanto, los padres de familia no pueden estar sujetos a la arbitrariedad de algunas unidades educativas privadas que no quieren respetar el incremento del 4% fijado para este año, como el caso del colegio Ave María.

“En el colegio Ave María hay una actitud poco adecuada de parte de la directora en el sentido de indicar que no dará cumplimento a la disposición de incrementar solo hasta el 4 %", afirmó.

Anunció que se seguirán los procedimientos legales según la norma vigente.