El Juzgado Público de Partido del Trabajo y Seguridad Social Nº 1 de Riberalta, expidió mandamiento de aprehensión contra exejecutivos de YPFB por incumplimiento al auto intimatorio para cancelar beneficios sociales a un trabajador que fue despedido unilateralmente.
La orden fue enviada el 19 de diciembre y está dirigida contra Guillermo Achá, quien cuando se inició el proceso laboral, era presidente ejecutivo interino de YPFB; Karen Lola Guzmán Tellería, directora general legal; William Alave Laura, jefe de Unidad de Procesos; y Marcelo Cayapa Quispe, asesor legal Distrito Comercial Amazónico de YPFB.
En 2016, el trabajador Víctor Hugo Suárez Churipui fue despedido de sus funciones que cumplía en la ciudad de Guayaramerín y presentó demanda por pago de beneficios sociales por Bs 100.000.
El proceso laboral fue ganado en el juzgado de primera instancia y ratificado en Tribunales de Alzada para el cobro de beneficios sociales. Sin embargo la parte jurídica de la empresa estatal habría presentado una serie de acciones dilatorias para impedir el pago.
