La fiscal Lilian Calderón informó la tarde de ayer viernes que se decidió aprehender al director del Hospital Obrero, Carlos Herminio Ibañez, y otros cuatro funcionarios en el caso de irregularidades en la unidad de Patología de este nosocomio.

El Ministerio Público ya encontró indicios de que se usaron bienes de la Caja Nacional de Salud (CNS) para hacer “trabajos particulares” en el área de Patología del Hospital Obrero.

En horas de la mañana de ayer viernes, la Policía y la Fiscalía volvieron a intervenir el centro de salud y llevaron a declarar a ocho personas, de las cuales cinco quedaron aprehendidas.

Según la fiscal Calderón, además del director del Hospital Obrero, están aprehendidas las siguientes personas: la trabajadora social Virginia Rodríguez, la auditora Frida Rosales, el médico patólogo Alfonso Padilla y la médico residente María Narda Mazuelos.

El fiscal Marco Antonio Vargas anunció que además se secuestraron equipos de computación y muestras médicas sin nombre, sobre las que los aprehendidos no supieron dar información para conocer su procedencia.

Vargas aseguró que la situación es tan grave que incluso se conoció de un caso en el que a un paciente le fue diagnosticado cáncer con pruebas que no le correspondían.

Calderón explicó que estas personas están acusadas de los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, peculado, encubrimiento, en el grado de autoría en algunos casos y de complicidad en otros.

Respecto al director del Hospital Obrero, la representante del Ministerio Público manifestó que no cumplió con sus obligaciones en mérito a la denuncia que ya se conocía anteriormente sobre este caso.

Aseveró que la audiencia de medidas cautelares de los aprehendidos se desarrollaría este fin de semana.

Especificó que el personal del servicio de patología aparentemente había hecho uso de los insumos para atender a personas no aseguradas.

La fiscal dijo que varios de los implicados tenían la posibilidad de asumir medidas de control para evitar estas irregularidades.

Sobre la cuantificación de las pérdidas, Calderón dijo:  "más o menos, los insumos que les daban eran de 30 mil bolivianos y han rebajado a 12 mil después de la intervención, así que habría que darse cuenta el promedio, pero hay que cuantificar".