La Policía Federal brasileña detuvo a dos ciudadanos bolivianos que aterrizaron en una avioneta en una hacienda en Brasil con 480 kilos de cocaína pura, informaron ayer lunes medios locales.
Los hechos sucedieron el domingo 15 en el municipio de Tangará da Serra, en el estado de Mato Grosso (centro-oeste de Brasil) y próximo a la frontera con Bolivia, cuando la avioneta, modelo Cessna 210, aterrizó en una pista clandestina en una hacienda a unos 200 kilómetros de Tangará da Serra, según el portal G1.
Al aterrizar, sus ocupantes fueron sorprendidos por agentes de la Policía y militares, aunque cuatro hombres que estaban esperando el cargamento lograron escapar. La Policía detuvo a los dos bolivianos que iban en la avioneta, identificados como Fabio Ademar, de 25 años, y Carlo André Dourado, de 24. La Policía, que investigaba el grupo desde hacía dos meses, aseguró que el destino de la droga, valorada en unos 2.5 millones de dólares, era Europa.
APOYO DE LA UE
El representante de la Unión Europea (UE) en Bolivia, Alexander Gott, ratificó ayer el "apoyo" a la estrategia boliviana antinarcóticos hasta 2019.
"La Unión Europea tiene un compromiso internacional de lucha contra el narcotráfico, nuestro enfrentamiento se lleva adelante como parte de la responsabilidad compartida con otros países como Bolivia", dijo.
Manifestó que la UE valora la lucha contra el tráfico ilícito de drogas que lleva el Gobierno de Bolivia en el marco del respeto de los derechos humanos.
El apoyo de la UE a la lucha antidroga es integral y une las acciones de interdicción al tráfico de sustancias controladas con prevención, rehabilitación, creación de oportunidades y desarrollo de las comunidades más vulnerables.
La cooperación comprometida por la Unión Europea al Gobierno entre 2016 - 2019 alcanza a 60 millones de euros (70.9 millones de dólares) en programas de apoyo a favor de la estrategia boliviana antidroga.
Gott destacó la realización del tercer estudio epidemiológico andino de consumo de drogas que brinda información para promover políticas públicas sobre la protección de la población universitaria.
