Cuatro diputados de la opositora Unidad Demócrata interpusieron la primera "acción de inconstitucionalidad abstracta" en contra de la Ley 266 que eliminó la intangibilidad en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Jimena Costa, Fernanda San Martín, Norman Lazarte y Wendy Orellana son los legisladores que recurrieron al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para buscar que la Ley de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del Tipnis, promulgada por el Gobierno, sea declarada inconstitucional.
"Interponemos acción de inconstitucionalidad abstracta contra la Ley de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure de 2017; en su artículo 9, y Disposición Abrogatoria y Derogatoria Primera por ser contraria a los artículos 342 y 385 parágrafo I de la Constitución Política del Estado y el Bloque de Constitucionalidad que protege los derechos humanos", dice el memorial al que accedió ANF.
Asimismo, cuestionan los artículos 3, 6 y 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica además de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres y Disposición Abrogatoria y Derogatoria Primera por ser contrarias a los artículos 1 y 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Los legisladores en su demanda también solicitaron que los magistrados dispongan una "medida cautelar" para el Tipnis. "Pidiendo se aplique esta medida cautelar mediante la acción de inconstitucionalidad hasta que el TCP emita la respectiva sentencia constitucional", dice el documento.
SEGUNDO RECURSO
El segundo recurso fue presentado, ante el TCP en contra de la Ley 266, por otro grupo de diputados opositores de Unidad Demócrata (UD).
A la cabeza del diputado Wilson Santamaría, los legisladores Dulce María Araujo, Rafael Quispe, Shirley Franco, Julio Grover Huanca, Marcela Vásquez, María Eugenia Calcina y Rodrigo Valdivia se sumaron a la presentación de la “acción de inconstitucionalidad abstracta” en contra de la mencionada norma que fue promulgada por el presidente Evo Morales el domingo 13, en Trinidad.
“Las normas que a continuación se detallan carecen de la legalidad constitucional y se contraponen de manera directa al mandato supremo constitucional”, manifiesta parte del documento presentado ante el TCP.
