El Gobierno, a través del ministro de Minería, César Navarro, garantizó ayer que el proyecto de DS de refundación de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) conserva a los trabajadores bajo el régimen de la Ley General del Trabajo y no los incorpora a la Ley del Estatuto del Funcionario a pesar de depender del Estado.

"La actual estructura de Comibol está diseñada para administrar los contratos, por lo tanto se está poniendo un freno de manos a la Comibol del neoliberalismo y se está poniendo en marcha a una Comibol que dirija la cadena productiva; el artículo 12 del decreto establece que los trabajadores y las trabajadoras estarán sujetos a la Ley General del Trabajo y de ninguna manera se los está incorporando a la Ley del Funcionario Público", aseguró.

Tras participar de la reunión del gabinete en Palacio de Gobierno, el ministro Navarro dijo que hubo una mala información o tergiversación mal intencionada de parte de algunos asesores a propósito del decreto, por lo que se buscará una reunión con la dirigencia de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) para explicar el alcance del proyecto normativo.

"En la Ley 1777 (de 1997) la Comibol está encargada de administrar los recursos económicos, en este momento la Comibol tiene como fuente de financiamiento el contrato de arrendamiento con las cooperativas, contratos con asociación con Glencor en Porco, Potosí y Bolívar en Oruro y Panamerican Silver con San Vicente en Potosí, etcétera", señaló.

Sin embargo, manifestó que con la estructura vigente la Comibol solo tiene titularidad sobre el 35 % de las áreas mineras, donde se debe desarrollar el reto de sanear las actividades de las empresas productivas y encarar proyectos productivos y de transformación.