El ministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó ayer que la estrategia jurídica que se aplicará para pedir la liberación de los nueve funcionarios bolivianos detenidos en Chile será la presentación de un amparo constitucional.  

“La estrategia jurídica ha recomendado que antes de apelar la decisión de detención preventiva por 120 días, en aplicación del artículo 140 del código procesal de Chile, más bien se debe interponer un recurso de amparo constitucional”, dijo.

ACLARACIÓN

Según Romero, según las leyes chilenas la presentación del amparo constitucional se hace en una situación de vulneración de derechos, como es el caso de los bolivianos detenidos por luchar contra el contrabando.

“No estamos en un debate judicial para establecer si nuestros connacionales son o no delincuentes (…) sino más bien el debate jurídico es que estas personas han sido vulneradas en sus derechos y garantías”, aclaró Romero.

El ministro subrayó que la detención de los  funcionarios  “es una vulneración muy grave”, porque estaban combatiendo a un delito.

El domingo 19 de marzo nueve bolivianos (dos de las FF.AA. y siete de Aduana) fueron detenidos por carabineros de Chile, cuando en un operativo contra el contrabando.

La Fiscalía chilena los acusó de traspasar la frontera para cometer robos de camiones con mercadería.

Mientras la defensa de los detenidos optó por desistir de la apelación a la medida cautelar el Gobierno boliviano apeló a la comunidad internacional para que observe a Chile por no actuar con reciprocidad con Bolivia en la lucha contra los delitos transnacionales.

"SALIDA JURÍDICA"

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó que gestiona alguna “salida jurídica”, al incidente de los bolivianos que se encuentran en Iquique, con su par chileno, Jorge Abbott.

"Lo que queremos es que en ese marco de cooperación, entendimiento con la fiscalía de Chile, es poder ver una salida jurídica legal que pueda dar fin con la detención de los compatriotas y la devolución a nuestro país", aseveró.