El directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) determinó ayer enviar el informe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, sobre el proceso de contratación para la compra de tres taladros a la empresa italiana Drillmec, a la Contraloría General del Estado (CGE) para que determine si hubo responsabilidad civil, penal, administrativa, y/o ejecutiva.

Durante una conferencia de prensa sin preguntas de los periodistas, en representación del directorio, el abogado Carlos Quispe tomó la palabra. Dijo que esta instancia se reunió toda la jornada para analizar la documentación que les remitió el jefe de la Unidad de Transparencia, Edmundo Novillo, en el cual realiza observaciones de supuestas irregularidades y supuesto sobreprecio en la adjudicación de los taladros por 148.8 millones de dólares.

"Hemos asumido la siguiente determinación; le estamos instruyendo al presidente (de YPFB) remitir el informe de la Unidad de Transparencia y la remisión de todos los antecedentes del proceso de contratación a la Contraloría General del Estado a fin de que esta entidad determine la existencia o no de responsabilidades en el marco de la ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales", aseveró.

Quispe dijo que será la Contraloría la que determine si se ha vulnerado o no la norma administrativa. "En caso de que se establezca el incumplimiento de la normativa, probablemente la Contraloría establezca indicios de responsabilidad civil, penal, administrativa, ejecutiva, si corresponde", dijo.

También se instruyó a la presidencia ejecutiva de la empresa a que se remitan los antecedentes del proceso de contratación a la Dirección General Corporativa para que, en caso de existir contravenciones al ordenamiento jurídico administrativo, se inicien los procesos sumarios en contra de los supuestos responsables.