El ministro de Gobierno, Carlos Romero, consideró ayer que el Gobierno de Perú debería llevara a la frontera a los exabogados de Gabriela Zapata, la expareja del presidente Evo Morales a ese país de forma ilegal.
"Con ese solo argumento, perfectamente ellos podrían ponerlos en frontera, es decir no tendrían que esperar a que se delibere en la instancia del Consejo de Refugiados", explicó el funcionario.
Los juristas Wálter Zuleta y William Sánchez huyeron a Perú, tras ser citados por el Ministerio Público para prestar sus declaraciones sobre el caso Zapata, investigada por enriquecimiento ilícito y trata y tráfico de personas.
Romero aseguró que ambos juristas, acusados por los delitos de trata y tráfico de personas, asociación delictuosa y obstrucción a la justicia en el proceso penal por la suplantación del supuesto hijo de Morales y Zapata, salieron del país de forma ilegal, porque no existe registro en las oficinas de migración.
"Estoy seguro que han entrado ilegalmente porque no tenían el registro migratorio de salida, (entonces) cómo justificaron su ingreso al Perú", dijo.
Dijo que Perú debe actuar como cualquier Estado amigo en función de colaboración, tal como hizo Bolivia con el empresario y exasesor del expresidente Ollanta Humala, Martín Belaúnde, que fue entregado al Gobierno de ese país en la frontera con Bolivia en 2015.