Firmó 9 contratos de construcción con dinero del programa Evo Cumple, obras que nunca fueron ejecutadas.
Firmó 9 contratos de construcción con dinero del programa Evo Cumple, obras que nunca fueron ejecutadas.
El Ministerio Público logró ayer la detención preventiva en la cárcel de San Pedro del excomandante del Ejército y exviceministro de Defensa, Fernando Zeballos, por la presunta comisión de tres delitos al firmar nueve contratos de construcción con la empresa constructora "Asociación Accidental Integración del Chaco", con recursos del programa Bolivia cambia, Evo Cumple, cuyas obras nunca fueron ejecutadas.
“En la lucha frontal contra la corrupción y la defensa de los intereses de la sociedad y del Estado, el Ministerio Público realizó una investigación acérrima y objetiva para que estos hechos no queden impunes”, afirmó el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria.
En la audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público aseguró que existen los indicios suficientes para establecer que Zeballos es con probabilidad autor de los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, y contratos lesivos al Estado, sancionados por el Código de Procedimiento Penal, conforme a la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Asimismo, el Ministerio Público detalló que el excomandante es investigado por los delitos de cohecho pasivo propio y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con la investigación, el 12 de diciembre de 2013, el Comando del Ejército, representado por Zeballos, suscribió un contrato con la empresa constructora por más de 2 millones de Bolivianos, para la ejecución en 180 días calendario del puesto militar adelantado "Gastón Velasco", en la provincia Aniceto Arce de Tarija.
El contrato establece que la ejecución del puesto militar debió iniciar el 26 de noviembre de 2014, tras el cobro de la empresa del 20% del total, como anticipo; sin embargo, la constructora no se presentó en el lugar, como consta en los informes del fiscal y supervisor de la obra.
Según el cuaderno de investigaciones, los representantes legales de la constructora de manera maliciosa y con dolo, engañaron a la entidad estatal con una serie de artimañas y sin justificar las razones, ni pedir la ampliación o resolución del contrato de nueve puestos militares.
