El diputado opositor Rafael Quispe presentó ayer miércoles ante la Fiscalía Departamental de La Paz, una denuncia formal contra el exministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, la vocal Virginia Crespo y otros, por el delitos de consorcio de jueces y fiscales, en base a las declaraciones de Gabriela Zapata Montaño, expareja del presidente Evo Morales, sobre un supuesto pago de 250 mil dólares, por un fallo a favor de la empresa china CAMC, en la disputa por la ejecución de boletas de garantías en el proyecto ferroviario Bulo Bulo - Montero.
También denunció al abogado Walter Zuleta, Fernando Cortez en su calidad de abogados de la empresa CAMC, Hugo NN, Gabriela Zapata Montaño, gerente comercial de CAMC y la funcionaria de la Sala Penal, Maira Vallejos, dependiente de la vocal Virginia Chávez.
ACUSACIONES
Quispe los acusa además de cohecho pasivo de la juez, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y receptación proveniente de delitos de corrupción, tipificados en el Código Penal y la Ley 04 Marcelo Quiroga Santa Cruz.
El asambleísta parte de las declaraciones de Zapata obtenidas por una comisión de fiscales, en las que afirma que junto a Chávez, actuaron en forma coordinada para lograr un fallo judicial en favor de CAMC, “habiéndose acordado el desembolso de $us 250.000 en favor de la vocal Virginia Crespo”.
Tras la Acción de Amparo Constitucional impuesto por CAMC contra el ministerio de Obras Públicas, de donde emerge un resultado en favor de la empresa y que previamente fue acordado entre cada uno de los denunciados, se atentó contra el Estado boliviano con un fallo, que fue revocado por el Tribunal Constitucional, lo cua constituye una prueba de prevaricato, que fue encubierto por la auxiliar d la Sala Penal, dice la nota de denuncia.
La denuncia sostiene que el abogado Wilfredo Chávez es el nexo entre la empresa y su exesposa y como relata la propia Gabriela Zapata, no se habría podido dar este resultado, sin los vínculos existentes entre cada uno de los nombrados, ya que los abogados Cortez y Zuleta, actuaron a la vez a nombre de CAMC y bajo la dirección de Gabriela Zapata y consumaron delitos que -según dijo - no pueden ser sino denunciados para sancionar a los autores.
Lamentó que la Fiscalía, teniendo noticia fehaciente del delito, no haya accionado la persecución penal pública y, por el contrario, vino soslayando responsabilidades, lo cual en su calidad de legislador, obliga a presentar denuncia.
