Los directores de dos medios de comunicación y dos periodistas, todos ellos amenazados por el Gobierno, acusados de "sedición" y de ser parte de un "cártel de la mentira", presentaron a NNUU el pedido de que visite el país un relator especial de esa organización.

Los directores del diario Página Siete y de la ANF, Juan Carlos Salazar y Sergio Montes, y los periodistas Andrés Gómez y Raúl Peñaranda, todos ellos mencionados por el ministro Juan Ramón Quintana en su alocución del 19 de mayo en el Legislativo, se apersonaron a laOficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las NNUU en La Paz.

Los cuatro afectados se reunieron con el representante en Bolivia de dicha institución, Denis Racicot, y con los jefes de las distintas unidades de esa oficina en Bolivia, Xavier Mena, Rocío García, Vilma Romero y Jennifer Guachalla.

En la reunión con Racicot, los afectados entregaron unacarta en la que piden que un Relator Especial visite el país para comprobar en terreno las acciones de acoso, amedrentamiento, intimidación y presiones varias que ejerce el Gobierno contra periodistas independientes bolivianos.

Quintana dijo ante el Legislativo que cuatro medios de comunicación (El Deber, Página Siete, ANF y Erbol) y cuatro periodistas (Gómez, Peñaranda, Amalia Pando y Carlos Valverde), conforman el supuesto "cártel de la mentira".

Los representantes de esos medios rechazaron las acusaciones y denunciaron que es una estrategia del Gobierno que tiende a acallar a los medios y eternizarse en el poder.

La extensa carta entregada detalla las amenazas vertidas por Quintana en mayo pasado, pero también rememora otros hechos de los últimos años en los que distintos funcionarios han lanzados agravios, intimidaciones y amenazas contra periodistas y medios de comunicación, y los otros mecanismos usados por los funcionarios para acallar a los medios independientes, como el veto de lapublicidad estatal, el acoso de entidades estatales como Impuestos Nacionales, Ministerio de Trabajo y otras, la compra de medios mediante empresarios cercanos al Gobierno, y otras.

Durante la reunión, tanto Racicot como los cuatro jefes de unidades de su oficina dieron una amplia explicación de cómo trabajan los relatores especiales, dieron fotocopias del perfil biográfico del actual relator sobre libertad de expresión, David Kaye e informaron que el Gobierno nacional es el que debe dar una fecha para su llegada.

Entre las atribuciones de un relator especial están "reunir lainformación pertinente sobre las violaciones del derecho a la libertad de opinión y de expresión, la discriminación, las amenazas o el uso de la violencia, el hostigamiento, la persecución o la intimidación contra personasque traten de ejercer o promover el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión, en particular, como cuestión de alta prioridad, contraperiodistas" asegura el portal web del Alto Comisionado.