El ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, aseguró ayer que el paro convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) es ilegal ya que no estaría cumpliendo con el procedimiento de declaratoria de huelga legal. Anunció que los sectores que acaten la medida de presión recibirán descuentos y sanciones.
“El procedimiento no se ha cumplido, en consecuencia la huelga y los días de paro de los sectores que ingresen a ella serán declarados ilegales y corresponderán descuentos y sanciones pertinentes, según los regímenes internos de cada sector e institución”, informó el ministro de Estado.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó que la COB no asistió al dialogo convocado para las 10:30 de ayer, que tenía el objetivo de evitar el paro movilizado de este ente para el día de hoy en el eje central del país.
Desde la COB aseguran que varios dirigentes están en diferentes departamentos por lo que no es posible entablar una mesa de diálogo con el Gobierno.
“La COB le ha enviado una carta al ministro de Trabajo, indicando que la mayor parte de sus ejecutivos se encuentran en el interior del país. En segundo lugar, indican que la carta de invitación que les enviamos, la están discutiendo, la están considerando; por tanto, por esas dos razones, la COB se excusa de participar en esta reunión”, dijo el titular del ministerio de la Presidencia.
EXIGENCIA
El ente máximo de los trabajadores exige la derogación del Decreto Supremo 2765 que estableció el cierre de la Empresa Pública Nacional Textil (Enatex).
Quintana informó que la COB envió una carta al Gobierno en la que responden que aún estarían analizando la convocatoria para instalar el diálogo y así evitar el paro programado para mañana.
“Estamos dispuestos a instalar el dialogo en el momento que la COB lo considere (…) Es un problema que debemos resolver en el ámbito del dialogo y esperamos en las próximas horas una respuesta”, manifestó el ministro de la Presidencia.
En una anterior oportunidad el actual secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, calificó al Decreto 2765 como “neoliberal” por dejar “en la calle” a más de 900 trabajadores de Enatex.
