La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) exigió a un juez el respeto a la Ley de Imprenta y que deje sin efecto la orden para revelar la identidad de los periodistas que cubren un caso de presunto tráfico de influencias, en el cual se involucra al ministro de Obras Públicas Milton Claros.
La ANP aclaró que se encuentra en plena vigencia el artículo 2 de la Ley de Imprenta que dice que los responsables de las publicaciones son “los directores de diarios, revistas y publicaciones periodísticas”.
El pronunciamiento responde a la orden judicial que exige a la periodista Amalia Pando y al Canal 18 de televisión la entrega de grabaciones, y a los periódicos Página Siete, Los Tiempos, El Deber y El Diario, revelar la identidad de los periodistas que procesaron como noticia una declaración de la exnovia del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, que involucra a varios funcionarios en presunto tráfico de influencias.
La ANP recordó al Poder Judicial que rige la Ley de Imprenta que en su artículo 28 dice: “los funcionarios que fuesen atacados por la prensa en calidad de tales, solo podrán quejarse ante el Jurado (de Imprenta)”.
La organización de medios explica al juez que los reporteros no escribieron a título personal, sino realizaron un trabajo periodístico que tiene relación con la administración de bienes estatales y por lo tanto son temas de orden público.
La comunicación del juez primero de Instrucción en lo Penal, Luis Yepez Portugal, entregada a los medios señalados, el 13 de junio, responde a una solicitud de la apoderada legal del ministro Claros, Kathleen Fernández, que recurre a la autoridad judicial para que permitan la apertura de una acción penal por calumnia e injuria.
De persistir el intento de vulnerar la Ley de Imprenta, la ANP recurrirá a instituciones internacionales para demandar el respeto de las normas que protegen el trabajo periodístico, expresa un comunicado.

Juicio en Tribunal de Imprenta

El presidente de la ANP Bolivia, Ronald Grebe, se refirió a la solicitud del juez Yepez, en la que pide material periodístico difundido por el caso Zapata y la nómina de periodistas que cubrieron el caso. Grebe dijo que los medios deben entregar información solo si lo autorizan los resultados de un juicio en el Tribunal de Imprenta.
“Tiene que haber un juicio en el que se presenten las demandas, los abogados de ambas partes, pero en un juicio en un Tribunal de Imprenta, solo ahí se debe definir si esa información será entregada o no a las autoridades. Porque si se llega a entregar de forma pasiva en este momento, solo porque un juez lo pide, entonces los periodistas ya no podremos trabajar en libertad y tendremos que estar a merced de determinadas autoridades que nos pidan cierta información y la tendremos que entregar”, afirmó Grebe.
Luego de que el vicepresidente Álvaro García Linera advirtió con cárcel a medios y opositores por dañar la imagen de Morales con mentiras en el caso Zapata, los miembros de la oposición rechazaron las declaraciones por ser “dictatoriales y abusivas”. En tanto, los legisladores del MAS piden investigar a medios y opositores.