El juzgado segundo de Instrucción Penal cautelar de El Alto dictaminó medidas sustitutivas a la detención preventiva para el abogado Eduardo León. El jurista deberá guardar detención domiciliaria, arraigo y otros, en el proceso que se le sigue por trata y tráfico de personas. Además de esa medida sustitutiva, la funcionaria judicial ordenó el pago de una fianza de Bs 80.000, arraigo y horarios de trabajo contra el jurista.

"Milenka Gutiérrez, jueza de turno por feriado, dictó la resolución, disponiendo aplicar medidas sustitutivas a la detención preventiva de Eduardo León, porque la defensa desvirtuó riesgos procesales", informó el abogado Ricardo Maldonado.

La resolución también establece que León tendrá permiso por horas de trabajo, dijo el diputado de UN, Amilcar Barral, que sigue de cerca el proceso.

Horas antes, el juzgado declaró probado el incidente de "objeción a imputación defectuosa" a favor de León, lo que le permitió defenderse en libertad.

Sin embargo, el ministerio de Transparencia interpuso una querella por falsedad y uso de instrumento falsificado en la que se lo acusaba de haber falsificado su título y su libreta de servicio militar.

Por esta nueva querella, se prosiguió con otra audiencia y en la que también se determinó, medidas sustitutivas para el exdefensor de Gabriela Zapata.

León está acusado por los presuntos delitos de trata y tráfico de personas, asociación delictuosa, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y engaño a personas incapaces.

La noche del miércoles 25, la jueza del Juzgado Séptimo de Sentencia, Zucel Márquez, determinó denegar la acción de libertad interpuesta por la defensa del abogado, alegando que es incompetente de atender ese caso. León llevaba ocho días detenido sin cautelares.

Las acusaciones contra León surgen tras la defensa que asumió de Gabriela Zapata, la expareja del presidente Evo Morales. Se le acusa a León de haber presentado como hijo del jefe de Estado a un niño que no lo era.

Desde el 17 de mayo, León permaneció en celdas judiciales sin que se definiera su situación jurídica. Cuatro jueces, dos de La Paz, uno de El Alto y uno de Oruro, se excusaron de conocer la acción de libertad que presentó la defensa en favor del imputado.

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