El Gobierno de Bolivia, a traves del Ministerio de Transparencia solicitó a la presidenta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), Mireya Walker que libere información de nombres y empresas que estarían vinculadas a algunos delitos de corrupción y así ayudar al país a dar seguimiento a las supuestas 95 empresas, 18 clientes, ocho beneficiarios y 35 accionistas que están dentro de los documentos filtrados.
La Ministra de Transparencia, Lenny Valdivia adelantó que desde su cartera son conscientes del trabajo periodístico serio y responsable que llevan adelante y que el Gobierno nacional respetará las reservas respecto a la fuente.
Valdivia informó que solicitó formalmente a la ICIJ de los nombres y empresas que estarían vinculadas al caso, "a efectos de que se pueda tomar acciones dentro del gobierno nacional".
"Siendo que no contamos con información precisa que nos permita cumplir con estas obligaciones y responsabilidades en el marco estas atribuciones mucho agradeceré a usted remitir a este despacho la información que involucra empresas y ciudadanos bolivianos, incluyendo personalidades políticas expuestas que habrían constituido diferentes formas de negocios bajo esa modalidad en el marco de la legislación panameña a efectos de que podamos advertir la existencia de indicios sobre la presunta comisiona de delitos de corrupción", señaló Valdivia.
La autoridad de transparencia, enfatizó que "no pueden adelantarse" si no saben quiénes, cuándo, cómo ni por qué habrían infringido diferentes normas.
Valdivia fue clara en señalar que el mecanismo que usaba la empresa Mossack Fonseca tiene una connotación de operar fuera del territorio.
"En Panamá es lícito, no se vulnera norma pero si nosotros vemos que resultado de esa actividad económica o de inversión se ha pretendido vulnerar normas de Bolivia ahí si nosotros tenemos responsabilidad de iniciar investigación seria, pero no en base a supuestos".
Es así que Bolivia se suma a diferentes gobiernos de todo el mundo quienes comenzaron a investigar posibles ilícitos financieros de ricos y poderosos, tras la filtración de cuatro décadas de documentos de un bufete panameño Mossack Fonseca especializado en crear compañías en paraísos fiscales.
Los ya conocidos "Papeles de Panamá" detallan tramas que implican a muchas figuras mundiales, desde el presidente ruso, Vladimir Putin, a los mandatarios de Argentina y Ucrania y familiares de los primeros ministros del Reino Unido, Islandia y Pakistán, dijeron los periodistas que los recibieron.
Aunque tener dinero en empresas offshore no es ilegal en sí, los periodistas que recibieron las filtraciones señalaron que los documentos pueden ofrecer evidencia de riqueza escondida que tenga origen en evasión fiscal, lavado de dinero, tráfico de drogas y otros delitos.
El estudio legal, Mossack Fonseca, que dice haber creado más de 240.000 compañías offshore para clientes, negó cualquier ilícito y dijo que es víctima de una campaña contra la privacidad.
Importantes funcionarios y empresarios respondieron a las filtraciones, que publicó Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), negando que hayan cometido ilícitos. Otros no hicieron comentarios.
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