La jueza cuarto de instrucción en lo penal cautelar, Margot Pérez, determinó ayer domingo, la detención preventiva de Gabriela Zapata en la cárcel femenina de Obrajes de La Paz. A pedido de la parte acusada, la investigación fue declarada bajo reserva judicial, en virtud a un documento donde el presidente Evo Morales y su expareja habrían acordado la restricción porque en medio estaría un menor de edad.

El abogado defensor Walter Zuleta, al término de la sesión, explicó a la prensa que solicitaron la discreción porque en “temas personales y familiares, debe establecerse cierta reserva, dado que existe un documento con el padre del menor, para que se mantenga reserva sobre esto”, precisó.

A la audiencia cautelar, asistieron abogados de los ministerios de la Presidencia, Transparencia, de Gobierno y del Ministerio Público en calidad acusadores, frente a una preocupada Zapata, cuya defensa solicitó detención domiciliaria porque en su calidad de madre debía estar al lado de sus hijos.

Para justificar enriquecimiento ilícito, los denunciantes presentaron movimientos bancarios por 30.000 dólares, que según Zuleta no son suficientes indicios para sostener la acusación; y para sostener el “uso indebido de bienes del Estado”, mostraron una lista de ingreso a la oficina de Acción Social del Ministerio de la Presidencia.

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Rodolfo Illanes, fue uno de los operadores jurídicos del Gobierno que siguió de cerca el desarrollo de la audiencia, y aunque no participó de ella, explicó a la prensa que para ellos, es suficiente delito, el hecho de que Zapata haya utilizado oficinas del Ministerio de la Presidencia, para reuniones con las que intentó demostrar su poder de influencia.

Illanes precisó que la hipótesis que se maneja, es que Zapata “prevalida de una relación fugaz” que tuvo con Morales, utilizó ese hecho para sacar ventaja en algunas instancias del Ejecutivo, y “en ese andar utilizó ambientes del Ministerio de la Presidencia”, manifestó.

La juez pidió a la defensa de Zapata, desvirtuar esa afirmación. Zuleta dijo que no podía probar esa intención de utilizar los ambientes para ciertos fines, además que la lista de ingresos no tenía una certificación legal.

En todo caso, la defensa argumentó que si se imputa a Zapata por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias y uso indebido de bienes del Estado en grado de complicidad, también la Fiscalía deberían identificar a los cómplices titulares.