CANDIDATO
Mesa reiteró que no está en el "juego político ni electoral" y que, independientemente de las declaraciones y posiciones del gobierno, su "compromiso como representante internacional de la causa marítima es absoluto, no se modifica".
Respecto a su aparición en algunas encuestas sobre percepción electoral, que él lidera entre los eventuales candidatos opositores con miras a las elecciones de 2019, dijo categóricamente: "agradezco a aquellas personas que creen que puedo ser una opción hacia el futuro pero quiero ratificar con claridad que no estoy en política y que no seré candidato ni en este momento ni en el futuro", afirmó.
Mesa manifestó que su posición sobre el Referéndum Aprobatorio de la Constitución Política del Estado, que permitiría una nueva repostulación de Evo Morales no se ha modificado "ni un milímetro", aunque no quiso repetirla de forma expresa para evitar nuevas polémicas.
En octubre pasado, Mesa dijo que no estaba de acuerdo con la reforma constitucional que le permitiría un cuarto mandato al presidente Morales.
Sobre si estos impases pueden repercutir negativamente en la relación que el país tiene con Chile, más aún considerando que es vocero de la demanda marítima, manifestó que es un tema que el gobierno y el ministro de Trabajo tendrán que responder "cuando se refieren a mí como persona y tendrán que evaluar en el contexto de la responsabilidad que yo tengo".
El expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, dijo que está dispuesto someterse a juicio de responsabilidades, pero después de que el gobierno de Evo Morales evalúe sobre cómo administró los conflictos sociales durante estos 10 años al frente del Estado.
Mesa mostró su "tranquilidad" porque el ministro de Gobierno, Carlos Romero, negó que exista alguna decisión e intención del Gobierno de enjuiciarlo por la muerte de varias personas de la tercera edad cuando se desempeñaba como Presidente interino (era, en realidad, Vicepresidente) ante un viaje de Gonzalo Sánchez de Lozada. Desautorizó de esa manera el anuncio del ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso.
En enero de 2002, un grupo de jubilados fue forzado a subir a un bus para interrumpir su protesta, pero éste chocó contra otro, provocando la muerte de cinco rentistas. En ese tiempo se informó que el cuñado del entonces ministro de la presidencia, Carlos Sánchez Berzaín, era el propietario del bus que trasladó a los jubilados y que no tenía el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT). Por ese hecho, Trigoso dijo que Mesa podría ser enjuiciado.
"Si el gobierno del presidente Morales (…) cree que debe someterme a un juicio de responsabilidades después de evaluar cómo su Gobierno ha manejado los conflictos sociales, a lo largo de los 10 años, yo estoy plenamente dispuesto a someterme a un juicio de responsabilidades", afirmó Mesa.
Mesa no quiso entrar en detalles sobre cómo cree que se administraron los conflictos durante esta década. "Ustedes evaluarán, ustedes conocen episodios complicados que ha vivido el país y respuestas específicas que ha dado el Gobierno. Yo no voy a dar más a la polémica. La evaluación la hará el propio Presidente y ustedes conocen la naturaleza de los conflictos sociales y cómo se ha respondido desde el gobierno", sostuvo.
Desde la pasada semana el Ministerio de Trabajo, a través de sus cuentas de redes sociales y su portal digital, publica y difunde críticas contra Mesa y la amenaza de llevarlo a juicio de responsabilidades.
En una carta abierta, Mesa negó que se utilizaran gases lacrimógenos durante el operativo contra los jubilados, que realizaban una marcha por el altiplano de La Paz, y que su instructivo pedía que fueran tratados de manera pacífica.
"Las mencionadas notas faltan a la verdad", dijo y agregó que más bien "el bloqueo carretero protagonizado por un importante grupo de jubilados fuera levantado mediante una acción pacífica de la policía".
Pero el ministro de Trabajo continuó con la arremetida y advirtió con iniciar un juicio de responsabilidades.
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