El 2015 terminó con la mala noticia de que el segundo lago más grande de Bolivia, el Poopó, prácticamente se había secado. Poco después, el país supo que existía un fondo de la Unión Europea (UE) destinado a cuidar las cuencas que aportaban agua al Lago. Ahora, además de eso, se ha descubierto que dos chequeras, cada una con 50 cheques con las que se manejaban esos fondos, fueron sustraídas en 2011, caso por el que la justicia de Oruro abrió un proceso.

El ex asambleísta opositor de la Gobernación de Oruro, José Luis Toco, denunció que el caso aún no fue esclarecido. Además, informó que en el marco del proceso judicial fueron implicadas personas inocentes y los presuntos responsables no respondieron ante la justicia.

Toco, en conversación con ANF, explicó que en 2010 durante la gestión del gobernador oficialista Santos Tito, la UE realizó el depósito de 14 millones de euros por concepto de financiamiento a nombre de la Gobernación de Oruro, con el objetivo de ejecutar el programa de "Gestión sostenible de los recursos naturales de la cuenca del lago Poopó".

El pasado 20 de febrero de 2011 fueron sustraídas dos chequeras de esos fondos de oficinas de la Gobernación. El día 21, es decir, un día después, en la ciudad de La Paz en el Banco de Crédito (BCP) se procedió al cobro de tres cheques pertenecientes a los talonarios robados, por un valor de Bs 17.980, un segundo por Bs 22.340 y un tercer cheque por el monto de Bs 22.340. Los tres con firmas y sellos de los administradores del programa.

El día 23 de febrero en Oruro los responsables y administradores del proyecto, Eduardo Ortiz y Josefina Plata, sentaron la denuncia del robo de chequeras, sin embargo los cheques ya habían sido cobrados. Según el proceso iniciado entonces se estableció que fueron tres personas quienes cobraron los cheques, no se conoce bajo concepto de qué partida o actividad, entre ellos Mariana Canazas, Israel Mamani, y Adrián Gonzales, quienes en su momento se acogieron al derecho del silencio.

"Si bien se identificó a las personas que realizaron el cobro de los cheques, un días después de ser sustraídos, aún no se llega a la conclusión del caso. Aún no se conoce si se reembolso los montos cobrados y ni se reconoce a los principales involucrados", dijo.

Actualmente Canazas y Mamani, según el último informe presentado por la Fiscalía, fueron sobreseídos del caso por no encontrarse suficientes indicios de culpabilidad. A Gonzales, sin embrago, no se lo menciona en dicho informe.

Pero los hechos irregulares en este caso no terminan con eso. En marzo de ese año, la gente que presuntamente sustrajo los cheques procedió a realizar la compra de seis computadoras laptops y entonces pagaron con un cheque perteneciente al mismo talonario. Entonces, la comerciante de computadoras se dirigió a una entidad bancaria para realizar el cobro por la venta que hizo, por lo que fue detenida, debido a que la chequera ya estaba denunciada como robada, sin embargo los cheques como en el primer caso también mostraban la firma y el sello de los responsables del programa de cuencas del Poopó, Ortiz y Plata.

La mujer y otros dos comerciantes fueron arrestados e implicados por el delito de uso de material falsificado, falsedad ideológica y complicidad en robo agravado.

"Tres comerciantes fueron detenidos siendo inocentes. Tuvieron que enfrentar durante tres años un proceso judicial, a causa de este caso. Sin embargo nunca se investigó el fondo del asunto, dónde fueron a parar los montos de dinero y además poder conocer quiénes son los principales responsables", insistió Toco.

Según el ex asambleísta, "esas personas fueron engañadas con la misma chequera robada, al igual que fueron engañadas las personas que en primera instancia cobraron los cheques robados". De acuerdo a la fuente, al momento todos ya fueron sobreseídos porque no existir suficientes pruebas que los incriminen.

Toco informó que las personas encargadas de llevar adelante el proceso investigativo y judicial, ni los administradores del proyecto Ortiz y Plata, quienes ponían su firma y sello en las chequeras, pidieron la pericia policial de la autenticidad o no de sus rúbricas.

El proceso se ventila desde 2011 en el Tribunal Primero de Sentencia de Oruro. Para Toco, se involucró a personas inocentes a fin de salvaguardar a los verdaderos culpables, y pidió que se investigue al ex gobernador Tito y a los administradores del programa, quienes contradictoriamente aparecen como denunciantes del hecho.

"Es anecdótico que los cheques en el banco hayan sido cobrados sin ningún reparo, en montos, firmas u otros aspectos. Si las firmas y sellos en los cheques sustraídos son originales, entonces se habla de que los mismos fueron firmados sin fondos", sostuvo Toco.

El convenio que se firmó con la Unión Europea para preservar la cuenca y reducir la contaminación minera, inició en 2010 y debía concluir en abril de 2015, pero se extendió hasta diciembre pasado. El monto de donación, según el ex asambleísta, se asemeja a los montos totales de los recursos de la Gobernación de Oruro en ese entonces.

El programa de la Cuenca Poopó que fue destinado a preservar los recursos naturales y a paliar el impacto de la contaminación minera, natural y de explotación, según Toco, no alcanzó todos sus objetivos. El Lago Poopó actualmente se encuentra seco y muchas familias han quedado sin un sustento económico, ya antes muchas otras migraron a falta de su principal actividad económica, la pesca.

El ex prefecto de Oruro, Luis Aguilar, indicó que consiguió el financiamiento europeo casi al final de su gestión y en semanas pasadas aseguró a ANF que su sucesor Santos Javier Tito ha "despilfarrado" los recursos y que el dinero no se ha destinado a los proyectos acordados inicialmente. Este medio intentó ponerse en contacto con el ex gobernador, pero no pudo ser ubicado.

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