La noticia no era sorpresa; al contrario, se sabía y se esperaba. La mayor parte de las estaciones de radio y televisión verán extinguirse sus permisos para el uso del espectro radioeléctrico entre 2016 y 2019.
Sin embargo, la voz del director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicación y transportes (ATT) cayó como un balde de agua fría: “Entre 2016 y 2019, unas 500 radios y canales de televisión cesarán sus emisiones porque caducará la concesión de sus respectivas licencias”.
El Deber intentó ampliar la información enviando un cuestionario a la ATT para conocer cómo y quiénes definirán la entrega de licencias, así como la cantidad de emisoras que hay en el país; pero las respuestas, no llegaron hasta el cierre de edición.
El anuncio deja preocupación en los comunicadores y empresarios de la radiodifusión, no solo porque existe la susceptibilidad de que primen criterios políticos a la hora de reasignar las licencias, sino, fundamentalmente, porque la ATT no ha explicado qué características tendrá la nueva licitación y qué requisitos hay que cumplir para seguir gozando de una concesión.
El vicepresidente de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora), Enrique López, explicó que en octubre hubo una reunión del sector en Tarija a la que invitaron al representante de la ATT, pero no asistió y tampoco han tenido respuesta a los cuestionamientos sobre a cuáles serán los procedimientos a seguir en esta nueva etapa.

NUEVA LEY
Por si eso fuera poco, desde 2011 hay una nueva Ley de Telecomunicaciones que establece nuevas reglas del juego, lo que significa que el espectro electromagnético (el aire, por decirlo de una manera más sencilla) debe dividirse en cuatro espacios: uno para el Estado (33 %); otro para las radios comerciales o privadas (33 %); otro para organizaciones no lucrativas (17 %) y otro para organizaciones indígenas y campesinas (17 %).
Por ejemplo, en Santa Cruz hay 67 radios en frecuencia modulada, la mayoría de las cuales corresponden a la categoría de privadas o comerciales. De ese total, el 33 % equivale a 22 emisoras, ya que el resto será para el Estado y para las organizaciones sociales así como para las indígenas y campesinas.