Entre 2010 y 2015, la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación registró 81 casos de acoso sexual en unidades educativas del país. Solo este año se reportaron 13 denuncias de agresiones sexuales en el entorno escolar.
Los departamentos con más casos son La Paz, Santa Cruz y Tarija. En La Paz, entre 2009 y 2015 se evidenciaron 62 casos de violencia sexual en unidades educativas. Y solo en dos de ellos los agresores fueron condenados a privación de libertad. En el resto se dilató el juicio, se llegó a un acuerdo extrajudicial o la parte acusadora abandonó el caso.
Lidia Rodríguez, responsable de niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo, reconoce que solo el 0,4 % de los casos llega a tener sentencia ejecutoriada.
"La justicia exige que haya pruebas contundentes: piden testigos, informe médico forense, psicológico y legal. Y en las provincias no hay equipos multidisciplinarios para recabar esas pruebas", sostiene.
De hecho, gran parte de las agresiones sexuales en escuelas se producen en el ámbito rural y generalmente permanecen en la impunidad por dichos motivos. El 90 % de las víctimas son niñas y adolescentes menores de 18 años y en el 85 % de los casos el agresor es un docente. La Defensoría denuncia encubrimiento y permisibilidad por parte de otros profesores.
"Muchas veces dicen: hay que disculparlo porque no ha hecho acceso carnal", explica Rodríguez, que recuerda que no solo se considera agresión sexual la violación, sino también toques impúdicos, estupro o acoso.
La institución apunta al menos a siete causas que llevan a que los maestros agresores gocen de impunidad: retardación de justicia; falta de personal y equipamiento para la investigación en regiones alejadas; "acuerdos económicos" entre el agresor y la familia de la víctima; la protección que recibe el acusado; la falta de pruebas para comprobar las denuncias de tentativas de violación y toques impúdicos; la huida del profesor y la falta de seguimiento a las denuncias; y la falta de dinero y de conocimiento sobre leyes de la familia de la víctima.
La mayor parte de violaciones en el entorno educativo, matiza Rodríguez, terminan en embarazo no deseado, lo que mina los proyectos de vida de las víctimas, que abandonan su formación por vergüenza y amenazas de su agresor. Según datos del ministerio de Salud, cada día se producen alrededor de 100 abortos clandestinos en Bolivia a causa de embarazos no deseados y muchos de ellos acaban con la muerte de la madre.
El aula es el segundo lugar de riesgo de violencia sexual para las niñas y adolescentes después de su entorno familiar "que paradójicamente debería ser el más seguro", subraya la experta.
Entre enero y junio de 2015 la Fuerza de Lucha contra la Violencia (Felcv) contabilizó 1.501 casos de violencia sexual en el país a niños y niñas menores de 17 años.
