PREVENSIÓN
Uno de los mecanismos de prevensión es la verificación de las declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios, militares y policías
En la lucha anticorrupción el Gobierno de Bolivia logró 129 sentencias por estos delitos de corrupción y recuperó para el Estado 122 millones de dólares entre 2006 y 2015, informó la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia.
"En la recuperación de bienes en la lucha anticorrupción, nuestro Gobierno recuperó, del 2006 al 2015, por los delitos de corrupción, 845.825.090 Bolivianos, equivalentes a 122.543.139 dólares, además se logró 129 sentencias condenatorias", declaró en una entrevista
Sobre los cuestionamientos relativos al trabajo que se hizo por transparentar la gestión institucional y la lucha contra la corrupción, dijo: "lo que antes del 2006 no se desarrollaba, hoy son irrebatibles los avances y los resultados alcanzados por el Gobierno".
Añadió también, que es incuestionable los fundamentales aportes realizados para democratizar la participación del control social y restablecer la confianza institucional en el nuevo Estado Plurinacional.
Valdivia, detalló, que se dictaron 129 sentencias de hechos de corrupción, tomando en cuenta que antes de 2006 no existían estos fallos judiciales.
Se recuperaron recursos y bienes adquiridos ilícitamente por aproximadamente 845.825.090 Bolivianos ($us 1 22.5 millones).
El ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción proceso 525 denuncias contra servidores públicos por presuntos hechos de corrupción.
Se constituyeron 313 Unidades de Transparencia en todo el país. Anualmente se realizan un promedio de 450 audiencias de Rendición Pública de Cuentas y más de 880 organizaciones sociales ejercen el Control Social.
Se conformaron redes de jóvenes por la transparencia integrada por más de 1.900 participantes.
Mencionó la implementación de la Plataforma Electrónica del Sistema Integrado de Información Anticorrupción y Recuperación de Bienes del Estado (Siiarbe), que permite gestionar, intercambiar y centralizar información, para aplicar políticas preventivas, represivas y sancionatorias contra la corrupción.
