A convocatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, personeros de gobierno alistan maletas para asistir a la audiencia informativa del 22 y 23 de octubre, a solicitud de varias instituciones interesadas en denunciar la vulneración de derechos ejercida en contra de tres magistrados del TCP.
El procurador del Estado, Héctor Arce, dijo que a pesar de que el Gobierno tiene “serios cuestionamientos” en contra de la CIDH, el Estado boliviano siempre fue respetuoso y presentará lo que considera como verdad del hecho.
Sin embargo, para la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, el Colegio de Abogados de La Paz y las personas que viven con VIH, denunciantes del caso ante la CIDH, además del magistrado suspendido Gualberto Cusi, y las destituidas Ligia Velásquez y Soraya Chánez, se trata de un hecho que podría derivar en sanciones en contra del Estado boliviano.
La presidenta de la APDHB, María Amparo Carvajal, dijo que esta institución se hará presente en la audiencia ante la CIDH para informar sobre la realidad boliviana.