El caso de las “narco - cisternas” bolivianas que trasladaron sustancias controladas en territorio argentino bajo el paraguas empresarial de Creta SRL, que a su vez ofrecía sus servicios de transporte a la estatal YPFB, mereció el seguimiento de las autoridades de ese país.
En el país, y por ello, el diputado Tomás Monasterio (UD) acusó al presidente de la estatal petrolera Guillermo Achá, de ser parte de la asociación delictuosa. Ahora la autoridad aludida salió al paso para desvirtuar las denuncias, implicar a otra empresa en el delito, y anunciar que se presentará de oficio a declarar ante la Fiscalía.
NEGACIÓN
En un amplia entrevista concedida a ANF, la máxima autoridad de YPFB negó que la estatal tenga alguna participación en las actividades ilícitas detectadas contra Creta SRL.
Recordó que las cisternas implicadas en el tráfico de sustancias controladas en territorio argentino, según Achá, no cumplían ningún contrato específico con la estatal petrolera, y por el contrario, llevaban alcohol de una “tercera empresa” ubicada en Santa Cruz e iban con destino a Chile. Los vehículos cuestionados pasaron por Yacuiba.
“Debe quedar claro cuál es el objeto de la relación contractual con las empresas de transporte (…). En cada uno de los contratos, según la frontera de ingreso, está establecida la planta de ingreso y la planta de destino, para hacer el control y fiscalización del transporte de combustible”, explicó.
Según Achá Morales, un inspector independiente es quien emite el certificado sobre la cantidad y calidad de los combustibles que se transportan en las cisternas contratadas por YPFB, tanto en la planta de origen, como en la de destino, donde otro inspector independiente da fe de que la cisterna llegó con todos los precintos de seguridad, para proceder con la descarga.
“Una vez terminada la descarga en la planta de destino, la relación contractual (con la empresa) fuera de la planta concluye (…). Por eso me sorprenden las declaraciones que hacen mención a que hubiese alguna relación con YPFB, cuando la relación contractual está delimitada con el transporte de combustibles de origen a destino”, aclaró Achá.
Monasterio entregó el 5 de agosto, en ventanilla de Palacio de Gobierno, documentos reservados emitidos por el Tribunal de Justicia argentino sobre la investigación del caso de las narcocisternas, vinculado a la estatala de YPFB.
También incluye órdenes de captura que pesan sobre el propietario de los camiones.
