Estados Unidos anunció este domingo el arresto del colombiano Álvaro Pulido Vargas, antiguo socio del exministro venezolano Alex Saab, acusado en un tribunal de Florida de participar en una presunta trama de blanqueo de capitales y soborno vinculada al Gobierno del depuesto líder venezolano Nicolás Maduro.
El fiscal general de EE.UU., Todd Blanche, explicó que el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional fue el encargado de detener a Pulido Vargas, también conocido como Germán Enrique Rubio Salas, quien tiene abiertas dos acusaciones federales ante la justicia estadounidense: una desde 2019 y la otra desde 2021.
«Sus presuntas acciones demuestran un desprecio flagrante hacia el pueblo venezolano, al corromper programas gubernamentales destinados a proporcionar alimentos, medicinas y vivienda esenciales para su enriquecimiento personal y al aprovechar el sistema financiero estadounidense para hacerlo», escribió Blanche en un mensaje en X.
El Departamento de Justicia de EE.UU. avanzó que Pulido Vargas comparecerá ante un tribunal del Distrito Sur de Florida el próximo martes 13 de octubre por la tarde.
La investigación
Según informó el diario colombiano El Tiempo, que citó fuentes federales, fue la DEA quien le trasladó a Florida desde una cárcel de Caracas, donde se encontraba detenido desde 2023 tras una investigación por una presunta trama de corrupción en la estatal petrolera PDVSA.
El nombre de Pulido aparece en el acuerdo de cooperación de la Fiscalía de EE.UU. y Saab, señalado como presunto testaferro de Maduro.
El exministro se declaró culpable del cargo de conspiración para lavado de dinero en la corte federal del Distrito Sur de Florida y reconoció que en 2015, cuando Maduro era presidente, organizó con «altos funcionarios del Gobierno» un «esquema ilegal» con «sobornos» y «pagos ilegales» del programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero al sur de Florida.
Entre los cómplices, mencionó a Pulido Vargas, así como al chavista José Gregorio Vielma Mora, quien entonces era gobernador de Táchira, y a los colombianos Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano.
Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que condujera a su arresto.
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