La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este miércoles la creación de un «comando unificado» para enfrentar a la delincuencia en su país e invitó a los gobiernos de otras naciones a colaborar en esta tarea porque, según dijo, «la defensa de la vida de los ciudadanos no tiene bandera».

«Invito a los gobiernos extranjeros para que compartan con nosotros su experiencia, su tecnología, su información y sus recursos contra el crimen. La defensa de la vida de los ciudadanos no tiene bandera», señaló la gobernante durante una ceremonia celebrada en el Cuartel General del Ejército, en Lima.

Fujimori explicó que el «comando unificado» estará integrado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para lo cual se va «a establecer un gran centro de control y operaciones para dirigir todas las acciones» de la lucha contra la criminalidad.

«El pueblo peruano está desesperado porque sale todos los días a trabajar con miedo de ser extorsionado o de morir en una balacera», sostuvo antes de agregar que en una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena) se decidió «un gran cambio en la lucha contra la delincuencia».

«Ya no vamos a esperar. Somos nosotros los que vamos a enfrentar al crimen con toda la fuerza legítima del Estado, como lo ordena la Constitución», remarcó.

Operativos y expulsión «récord» de extranjeros

Fujimori dijo, en ese sentido, que las autoridades de seguridad van «a aparecer donde menos se lo imaginen para realizar operativos de búsqueda y capturas inmediatas».

«Vamos a expulsar en tiempo récord a los extranjeros que llegaron para romper la ley y atacar a los peruanos», agregó antes de indicar que también se retomará el control de las cárceles y se incomunicará a los presos que siguen dirigiendo acciones criminales tras las rejas.

La gobernante convocó a todas las fuerzas políticas de su país para que se sumen «a este gran esfuerzo», pidió a la Judicatura que «actúe con celeridad y mucha firmeza» y a la empresa privada que colabore en «el esfuerzo de recuperar el principio de autoridad y el Estado de derecho».

Al concluir, reiteró el «respaldo total» a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas «en el estricto cumplimiento de su misión de acuerdo a ley», así como una «exigencia igualmente firme: profesionalismo, legalidad, disciplina, reserva, responsabilidad, respeto a la democracia y absoluto respeto a los derechos humanos».

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