Mientras el Gobierno argentino busca obstaculizar el desarrollo petrolero en las Malvinas mediante sanciones y acciones judiciales, autoridades y empresarios isleños centran su preocupación en cómo gestionar una transformación económica que pondrá a prueba su infraestructura y podría cambiar de raíz su forma de vida.

El renovado impulso del presidente Javier Milei al reclamo argentino de soberanía sobre las islas, administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833, se tradujo en las últimas semanas en sanciones, denuncias penales y una orden judicial para frenar la inminente explotación petrolera en el archipiélago.

En el centro de esas acciones está Sea Lion, un proyecto de la israelí Navitas y la británica Rockhopper que prevé comenzar a extraer crudo en marzo de 2028 en un yacimiento situado unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas, con reservas probadas y probables de 314 millones de barriles.

Desarrollo petrolero

Según las estimaciones del proyecto, Sea Lion aportará una media anual de 339 millones de dólares al PIB malvinense, casi tanto como los 386 millones de dólares que representaba toda la economía de las islas en 2024, y generará unos 4.800 millones de dólares en ingresos para las arcas públicas durante las próximas tres décadas.

Las compañías involucradas han restado importancia a las medidas argentinas y aseguraron que no esperan que afecten al desarrollo ni a los plazos del proyecto.

Autoridades y empresarios isleños consultados por EFE coinciden en que la ofensiva argentina no supone por ahora nada nuevo ni tiene efectos prácticos: las empresas llevan años expuestas a medidas similares y, afirman, cuentan con garantías de las autoridades locales y del Gobierno británico.

El desafío, explican, está dentro de las propias islas: cómo una comunidad de apenas 3.600 habitantes, con escasez de vivienda y mano de obra y una economía dominada por la pesca, podrá absorber el crecimiento que traerá aparejado el desarrollo petrolero.

Una pequeña comunidad bajo presión

Esta nueva industria abre oportunidades para los negocios locales, pero también les exige hacer frente a una demanda muy superior a la actual, tanto de las compañías involucradas en el proyecto como de los trabajadores que llegarán a las islas, donde por el momento no hay dónde alojarlos.

Lee Martin, secretario ejecutivo de la Cámara de Comercio de las islas, pone como ejemplo a los supermercados: alimentar a cientos de personas adicionales obligará a aumentar las importaciones de alimentos y ampliar la capacidad de almacenamiento y transporte, en un territorio abastecido por rutas marítimas desde Reino Unido y Sudamérica que pueden tardar semanas o meses.

La presión alcanzará también a la escuela y el hospital, que podrían no dar abasto ante el inminente boom demográfico. En el sector privado preocupa además que la mayor competencia por trabajadores empuje los salarios al alza y termine desencadenando un proceso inflacionario.

«Por desgracia, no podemos crecer al ritmo que la industria petrolera quiere que crezcamos», resume Martin, y enfatiza que esto podría impactar en los plazos previstos por las empresas.

Las preocupaciones alcanzan también al medioambiente. Falklands Conservation, la principal organización dedicada a la protección de la naturaleza en las islas, advirtió sobre los efectos de Sea Lion en los ecosistemas marinos, los riesgos de posibles derrames y las emisiones que generará la explotación petrolera.

La organización calcula que las emisiones anuales derivadas de la producción equivaldrían a alrededor del 60 % de las que generan actualmente las islas y alertó además sobre los posibles efectos sobre pingüinos, albatros y ballenas, expuestos a colisiones con embarcaciones, enredos y el aumento del ruido submarino.

Cómo evitar el desborde

Las empresas consultadas por EFE, las autoridades isleñas aceptan que existen desafíos, pero también planes para hacerles frente.

«La gente teme que podamos vernos sobrepasados», reconoce a EFE James Wilson, director de Recursos Naturales del Gobierno isleño y responsable de la regulación del sector petrolero.

Wilson destaca que el Gobierno está construyendo viviendas y renovando infraestructuras como el puerto y la central eléctrica, y aclara que será Navitas quien deberá garantizar alojamiento para sus trabajadores.

En materia ambiental, asegura que la explotación estará sometida a un marco regulatorio basado en estándares internacionales, y señala que las petroleras deberán financiar un fondo para compensar las emisiones y contar con un seguro para afrontar los costes y posibles perjuicios de un eventual derrame.

Oportunidad económica

Más allá de la infraestructura y el medioambiente, las autoridades trabajan también en planes para que la llegada de trabajadores extranjeros no altere la identidad de una comunidad donde ya más de la mitad de la población es inmigrante.

Wilson explica que uno de los escenarios que las autoridades buscan evitar es el de países del Golfo como Catar, Baréin o Emiratos Árabes Unidos, donde la llegada masiva de trabajadores convirtió a la población local en una pequeña minoría.

Para reducir ese riesgo, buena parte del personal de Sea Lion trabajará en alta mar y entrará y saldrá de las islas por turnos, mientras que las compañías deberán reducir al mínimo la cantidad de empleados que se instalen de forma permanente en el archipiélago.

El objetivo es que las islas puedan aprovechar las oportunidades económicas que traerá Sea Lion sin verse desbordadas por su propia expansión, un equilibrio cuyo resultado solo empezará a conocerse cuando el proyecto cobre velocidad.

Martin se anima incluso a ponerle un plazo: «Vuelve dentro de cinco años y te garantizo que no vas a reconocer este lugar».

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