La Defensoría del Pueblo de Colombia pidió este domingo prevenir una escalada de violencia tras los ataques con explosivos perpetrados la víspera en varias partes del país, que dejaron un policía muerto, un día después de la investidura del ultraderechista Abelardo de la Espriella como nuevo presidente.
«Ante el inicio de un nuevo Gobierno, resulta fundamental fortalecer desde estos primeros días una respuesta estatal integral que combine las acciones necesarias en materia de seguridad del sector defensa, con acciones de prevención integral y la protección de las personas y comunidades», expresó la Defensoría en un comunicado.
La entidad señaló que entre el viernes y el sábado hubo «ataques, hostigamientos y hechos relacionados con artefactos explosivos» en los departamentos de Cauca, Nariño, Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare.
Los múltiples ataques con explosivos
El hecho más grave tuvo lugar en San Roque, en el departamento de Cesar (noreste), donde atacaron el puesto policial de esa localidad con explosivos lanzados desde drones, lo que causó la muerte al subintendente Argemiro Rodelo Canchila, de 43 años de edad, 18 de ellos en la Policía.
Otro ataque destruyó un peaje en construcción en la Vía Panamericana, entre las ciudades de Popayán (Cauca) y Cali (Valle del Cauca), donde el viernes se realizó la posesión de De la Espriella.
«Aunque las circunstancias y autorías de varios de estos hechos continúan siendo materia de verificación, se han registrado en un periodo muy corto hostigamientos y ataques con armas de fuego, drones y artefactos explosivos, principalmente contra instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura, vías y corredores estratégicos en estas regiones del país», señaló el comunicado.
La Defensoría subrayó que varios de estos ataques han tenido lugar «en cabeceras municipales o en inmediaciones de viviendas, establecimientos comerciales y vías utilizadas cotidianamente por las comunidades» y algunos han afectado a la población civil.
«Recordamos nuevamente a los grupos armados ilegales que la población civil no puede ser puesta en riesgo ni convertida en escenario de demostraciones de fuerza. En la conducción de las hostilidades deben respetarse las normas del derecho internacional humanitario y, particularmente, las obligaciones dirigidas a proteger a quienes no participan en ellas», añadió la entidad.
Por ello, pidió «cesar cualquier conducta que afecte la vida, la integridad, la movilidad y los demás derechos de las comunidades», principalmente «cuando se utilizan medios y métodos de guerra cuyos efectos pueden alcanzar zonas habitadas», como los drones, de creciente uso por parte de grupos armados ilegales en el conflicto armado colombiano.
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