Los gobiernos de Perú y México acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas, después de que el ejecutivo peruano, de la presidenta derechista Keiko Fujimori, aceptó dar el salvoconducto a Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), a la que el gobierno mexicano había otorgado asilo diplomático.

En sendos comunicados, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que se retomarán las relaciones con México, rotas a todo nivel desde noviembre de 2025, cuando el gobierno mexicano dio asilo a Chávez, procesada y posteriormente condenada a 11 años y 5 meses de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado de 2022, misma pena que recibió el exmandatario Castillo.

El gobierno de Fujimori decidió dar el salvoconducto a Chávez en cumplimiento de la Convención de Caracas que regula el asilo diplomático y que obliga al estado de la persona beneficiada con el asilo a emitir un salvoconducto para pueda viajar al país asilante sin que sea detenida.

Desde noviembre de 2025, Chávez permanecía en la residencia de la Embajada de México en Lima a la espera que el gobierno peruano diese una respuesta, algo que evitaron hacer los presidentes interinos José Jerí (2025-2025) y José María Balcázar (2025-2026).

Fue la administración de Jerí la que decidió romper todas las relaciones diplomáticas con México tras conocerse que había otorgado el asilo a ChávezEn ese momento, las relaciones entre Perú y México ya se manejaban a nivel de encargados de negocios, pues Perú había expulsado al embajador mexicano y había retirado al suyo en Ciudad de México desde diciembre de 2022, cuando el gobierno del entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador condenó el encarcelamiento de Castillo y no reconoció la legitimidad como su sucesora de la vicepresidenta Dina Boluarte.

No obstante, la Cancillería peruana ha sido «enfática» en señalar en su comunicado que la entrega del salvoconducto a Betssy Chávez no supone admitir por su parte que la ex primera ministra sea una perseguida política como considera el gobierno mexicano.

«El Gobierno del Perú reitera, de manera enfática, que no existe persecución política y que en el país impera el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a las garantías de la administración de justicia, incluyendo el debido proceso», apuntó.

Asimismo, recordó que «Chávez ha sido sentenciada como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración para una rebelión en agravio del Estado, prevista en el artículo 349 del Código Penal del Perú, y está siendo investigada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación».

En ese sentido, señaló que el ejecutivo peruano continuará impulsando las consultas iniciadas a raíz del caso de Chávez en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) para una eventual modificación de los tratados internacionales, al considerar que se ha desvirtuado su espíritu con asilos como el otorgado por México a la ex primera ministra peruana.

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