Una movilización en Argentina contra un polémico proyecto de ley que contiene varias iniciativas ultraliberales impulsadas por el Gobierno de Javier Milei fue disuelta este jueves por las fuerzas de seguridad, que arremetieron contra los manifestantes a las puertas del Congreso, dejando un saldo de más de doce detenidos y al menos cinco heridos.

Bajo la consigna «la patria no se vende» y pese a las intensas lluvias registradas este jueves en Buenos Aires, la manifestación convocó a agrupaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles y a ciudadanos independientes.

La concentración frente a la sede del Congreso argentino, en Buenos Aires, se convocó para manifestar el amplio rechazo social al capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros dentro del proyecto sobre ‘inviolabilidad’ de la propiedad privada que impulsa el Ejecutivo.

La creciente oposición a la iniciativa y la posibilidad de un traspié legislativo llevaron al oficialismo a quitar ese capítulo del proyecto, que contiene, de todos modos, otros varios aspectos sensibles con impacto social, económico y ambiental, que se debaten este jueves en el pleno del Senado.

El polémico capítulo relajaba las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros y, según el oficialismo, su tratamiento fue simplemente «postergado» con el objetivo de «enriquecerlo con nuevos aportes» y «alcanzar un mayor nivel de consenso».

Las fuertes protestas en Buenos Aires

La protesta convocada para este jueves transcurrió sin incidentes, hasta que las fuerzas de seguridad, parapetadas detrás del vallado dispuesto alrededor del Congreso, comenzaron a disparar gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua desde camiones policiales, ante los cual muchos manifestantes retrocedieron.

Luego, los policías abrieron los vallados y avanzaron hasta desalojar la plaza frente al Congreso, aunque las fuerzas de seguridad continuaron cargando contra los manifestantes incluso en calles aledañas, en las que se registraron algunos enfrentamientos.

Un portavoz de la Policía de la ciudad de Buenos Aires informó a EFE que sus fuerzas detuvieron a nueve personas y enfatizó que «grupos violentos» quemaron contenedores de basura, dañaron aceras y rompieron los vidrios de un vehículo policial.

Fuentes oficiales citadas por la prensa local elevaron a doce la cifra de detenidos, incluyendo tres arrestados por fuerzas federales, y precisaron que un total de cuatro agentes resultaron heridos durante los enfrentamientos.

Médicos presentes en el lugar informaron además a la prensa que trataron a una fotoperiodista que sufrió un traumatismo de cráneo por un golpe en la cabeza y la trasladaron a un hospital cercano para que recibiera atención.

«Defender a la Argentina»

«Es inaceptable lo que se quiere hacer con nuestras tierras, con nuestra Argentina. No entiendo qué piensa el presidente y adónde quiere llegar», dijo a EFE Marta Lucero, quien participó de la protesta de este jueves frente al Congreso.

El proyecto que debate el Senado y que, de aprobarse, se girará a la Cámara de Diputados para su discusión, contiene, entre otros capítulos, iniciativas para acelerar los desalojos, poner límites al Estado para expropiar activos -aunque sean de utilidad pública- y quitar restricciones sobre el uso de tierras rurales y bosques que hubieran sufrido incendios.

«Queremos que esta ley no prospere, no solo lo que tiene que ver con las tierras, sino también la quema de bosques y los alquileres, algo que va a afectar a mucha gente. Las leyes que impulsa el Gobierno solo benefician a pequeñas minorías, grupos económicos concentrados y capitales extranjeros», afirmó Sergio Alarcón, integrante de una agrupación política peronista.

«Nuestra tierra y nuestra agua están comprometidas. Hay que salir a la calle a protestar. Es nuestra Argentina la que tenemos que defender y no se vende», añadió Marcela Arin, una ciudadana de la sureña provincia de Neuquén en Buenos Aires.

Además de la concentración en la capital argentina, se realizaron varias movilizaciones de protesta en diversas ciudades del país.

El Gobierno de Milei, que inició su gestión a finales de 2023 y planea buscar la reelección el próximo año, ha impulsado varias reformas de tono ultraliberal, como leyes de flexibilización laboral, amplios beneficios para grandes inversiones, privatizaciones y un severo ajuste en las cuentas públicas.

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