El Gobierno de Venezuela anunció este viernes su decisión «firme e irrevocable» de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), por considerar que ese organismo responde a un «sesgo» que ha concentrado su labor de manera «desproporcionada» en países africanos y latinoamericanos.

«Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía», señaló el canciller venezolano, Félix Plasencia, en un comunicado publicado en X.

Además, dijo que por órdenes de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se comunicó de esta decisión al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Plasencia sostuvo que el «sesgo» de la CPI no es una simple coincidencia procesal, «sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger».

«Por eso rechazamos esta dimensión de lawfare, que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir», agregó.

Asimismo, el canciller reiteró el compromiso de Venezuela con una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos».

La CPI advierte a Venezuela que deberá cooperar por un año

Por su parte, la CPI lamentó la decisión de Venezuela de retirarse como miembro del tribunal y le recordó que la renuncia no tendrá efectos inmediatos, ya que el país seguirá siendo parte del organismo durante un año y mantendrá sus obligaciones de cooperación con las investigaciones y procedimientos iniciados en los últimos años.

La historia de tensión entre Venezuela y la CPI

En diciembre pasado, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad una ley que deroga la adhesión del país al Estatuto de Roma con el fin, según dijo el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, de «denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje» de la CPI.

La norma la sancionó el Parlamento después de que la Fiscalía de la CPI anunciara, el pasado 1 de diciembre, el cierre de su oficina técnica en Caracas, al advertir una falta de «progreso real» con Venezuela en materia de «complementariedad», principio que exige al país investigar seriamente los crímenes de los que se les acusa antes de que intervenga este tribunal.

Rodríguez afirmó entonces que esta institución «debería servir para proteger a los pueblos y solo sirve para los designios del imperialismo norteamericano».

Al comunicar el cierre de su oficina en Caracas, la Fiscalía de la CPI dejó claro que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país «permanece activa» y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.

La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países.

El entonces Gobierno de Nicolás Maduro, hoy preso en EE.UU., intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.

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