En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el canciller boliviano, Fernando Aramayo, denunció que el país enfrenta una serie de hechos que amenazan la estabilidad institucional y el orden democrático.

Durante su intervención, Aramayo alertó sobre la existencia de acciones promovidas por grupos organizados que sobrepasaron el derecho a la protesta para convertirse en estrategias de desestabilización y debilitamiento del gobierno constitucional.

Aramayo describió un panorama marcado por el ataque a instituciones públicas, amenazas a servidores del Estado y el bloqueo de rutas estratégicas. Explicó que estas medidas de presión provocaron el desabastecimiento de alimentos e insumos médicos esenciales, obligando al Estado a recurrir a la cooperación humanitaria de países amigos para asistir a la población.

El ministro de Relaciones Exteriores enfatizó que, si bien el gobierno del presidente Rodrigo Paz respeta el derecho a la protesta pacífica, no puede tolerar la “coerción colectiva” ni la vulneración de derechos fundamentales como la salud y la libre circulación.

Asimismo, lamentó que los actores políticos involucrados en el conflicto hayan optado por desconocer las decisiones de la justicia constitucional, invalidando las vías jurisdiccionales para resolver la crisis.

El foco principal de la intervención de Bolivia fue la solicitud formal de apoyo al Consejo Permanente y a los Estados miembros. Aramayo planteó cinco puntos para la intervención de la OEA:

• Reafirmar el compromiso con la preservación del orden democrático y constitucional de Bolivia.
• Condenar toda forma de violencia política, la coerción organizada y cualquier acción destinada a alterar el funcionamiento de las instituciones del Estado.
• Respaldar los esfuerzos del gobierno boliviano orientados al diálogo, la pacificación y la búsqueda de soluciones dentro del marco constitucional.
• Expresar solidaridad con el pueblo boliviano, señalándolo como el principal afectado por las consecuencias económicas y sociales del conflicto.
• Solicitar el acompañamiento político y el seguimiento atento del Secretario General de la OEA para contribuir al fortalecimiento del diálogo democrático y la paz social.

Aramayo concluyó su intervención reafirmando el compromiso de Bolivia con la Carta de la OEA y el multilateralismo, insistiendo en que el diálogo es la única vía legítima para la convivencia democrática. La solicitud de acompañamiento político busca que el organismo internacional actúe como un garante de la institucionalidad ante lo que el gobierno boliviano califica como un intento de quebrantar el sistema de garantías constitucionales.

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