Venezuela informó este sábado que participará en las audiencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el próximo 4 de mayo, sobre la disputa territorial con Guyana por la región del Esequibo, pero subrayó que solo será para «mostrar ante el mundo la verdad» y ratificó que no reconocerá la jurisdicción de este organismo ni sus decisiones.
«Venezuela acude a estas audiencias sólo para mostrar ante el mundo la verdad sobre los derechos que desde su nacimiento le corresponden sobre el territorio de la Guayana Esequiba», afirmó el Gobierno en un comunicado publicado en Telegram por el canciller, Yván Gil.
El Gobierno encargado de Delcy Rodríguez reiteró que su asistencia a estas audiencias «no implica, en modo alguno, su consentimiento ni el reconocimiento a dicha jurisdicción» y cuestionó el proceso al afirmar que fue «incoado unilateralmente» por Guyana, que administra el Esequibo y también lo considera suyo.
Acuerdo de Ginebra de 1966
Asimismo, indicó que la «única solución posible» para la controversia territorial se encuentra en el Acuerdo de Ginebra de 1966, el instrumento jurídico que Venezuela considera válido para alcanzar una solución mutuamente aceptable.
«Este tratado internacional es el marco normativo que debe ser cumplido de buena fe, con el objeto de poner fin a la controversia territorial mediante un arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para ambas partes», señaló el Gobierno, al tiempo que añadió que «jamás» renunciará al territorio que, a su juicio, le pertenece.
Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados -rico en minerales y yacimientos-, comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899 que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.
Décadas después, Venezuela declaró nulo este fallo y firmó con Reino Unido el Acuerdo de Ginebra.
Guyana presentó el caso ante la CIJ en 2018, buscando la confirmación de la validez legal del Laudo Arbitral de 1899, que establece la frontera entre ambos países y que fue declarado nulo por Venezuela en 1962.
Si bien Guyana sostiene que el proceso judicial es la única vía legítima para resolver la controversia, Venezuela ha cuestionado históricamente la autoridad del tribunal.
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