La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este miércoles que iniciará una investigación para determinar si “existen datos de prueba” que sostengan la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. hacia el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros nueve funcionarios por nexos con el narcotráfico y posesión de armas.
“La Fiscalía de la República iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de pruebas de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”, aseguró Ulises Lara López, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR.
También, destacó que como la ley mexicana lo indica, la orden de aprehensión requiere de “presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito”, por lo que según el Tratado Bilateral, “solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes”.
Asimismo, explicó que toda solicitud de detención provisional o de extradición del Gobierno de EE.UU. a México no debe ser divulgada ni del dominio público, como “ocurrió en este caso en particular”, en el que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York difundió la acusación contra los diez funcionarios del estado de Sinaloa.
“Dar a conocer dicha información con otros fines distintos podría ser un detrimento de la naturaleza confidencial de los procedimientos penales en Estados Unidos y contrario a las normas procesales que los gobiernan”, subrayó.
Por otro lado, precisó que la propia legislación del país indica que -en el caso de gobernadores y senadores- “se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal” a los servidores públicos señalados.
El mensaje emitido por la FGR ocurre horas después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. informara de una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas, en un caso que los vincula, en particular, con la facción de Los Chapitos.
Los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitado información sensible y permitido el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.
Entre los acusados también se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; así como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, y el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.
A través de sus redes sociales, el gobernador negó «categóricamente» estas acusaciones, así también lo hizo el presidente municipal Gámez Mendivil, conocido por ser una persona allegada a Rocha Moya.
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