El ‘Informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras’, presentado en Tegucigalpa por el representante de la Acnudh, Juan Carlos Monge, advierte que el estado de excepción -vigente desde diciembre de 2022 hasta el pasado 26 de enero-, perdió «su carácter excepcional y temporal» tras 24 prórrogas y se convirtió en la «principal estrategia de lucha contra el crimen».

Según el documento, la Acnudh documentó violaciones a los derechos humanos que afectaron a 24 personas, entre ellas tres mujeres, durante allanamientos y detenciones sin orden judicial, amparados en «la discrecionalidad» que otorgaba el estado de excepción.

El balance atribuye a cuerpos militares y policiales «ocho casos de desapariciones forzadas, cinco de tortura y malos tratos, tres de ejecuciones extrajudiciales, dos de muerte bajo custodia y seis de detenciones arbitrarias».

La Acnudh mostró «preocupación por la presunta participación de miembros de las fuerzas de seguridad en ocho casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en el contexto de disputas territoriales entre estructuras criminales».

Tensión electoral y democracia

Monge dijo a EFE que durante el estado de excepción «se cometieron varias violaciones de los derechos humanos» y que la flexibilización de procedimientos judiciales durante la medida generó una «discrecionalidad» en un ambiente «crispado y polarizado» por las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Señaló que los comicios, que dieron la victoria al conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, fueron «tranquilos», pero marcados por «ataques verbales, de crispación y de mucha incertidumbre».

Monge enfatizó que la confrontación y los ataques contra las autoridades electorales «no son una buena noticia para la democracia» del país centroamericano.

El informe, que fue presentado ante la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, subraya las «serias deficiencias en la investigación y en la persecución penal de casos relacionados con violaciones y abusos de derechos humanos«.

Monge alertó sobre la falta de una «investigación penal integral» y la descoordinación institucional que frenan la justicia en Honduras, y recordó que, para superar la impunidad, suele requerirse una combinación de «voluntad política, conocimiento, capacidad y seguridad».

«Hay grandes deudas con la justicia en los casos de las violaciones de derechos humanos», recalcó el representante de la Acnudh en Tegucigalpa.

Altos índices de impunidad

El informe resalta también que los defensores de derechos humanos continúan siendo «víctimas de asesinatos, amenazas, hostigamientos, campañas de desprestigio y criminalización por parte de actores estatales y no estatales» y que «persisten altos índices de impunidad» en Honduras, donde la Acnudh documentó 17 muertes violentas de activistas y comunicadores en 2025, más del doble de los siete casos registrados en 2024.

Monge dijo que el programa estatal de protección para defensores de derechos humanos y periodistas «tiene desafíos que superar» y lamentó que doce beneficiarios hayan sido asesinados en la última década.

Destacó la importancia de reconocer «todos que la defensa de los derechos humanos es una labor no solamente legítima, sino necesaria», y pidió la aprobación urgente de una política de investigación penal integral.

El estudio señala, además, «desafíos estructurales» en el acceso a la tierra, advirtiendo que la falta de un registro unificado y de modernización en los catastros municipales genera una «inseguridad jurídica» que facilita «la superposición de títulos de propiedad».

La falta de reconocimiento y saneamiento de tierra sigue afectando a los pueblos indígenas y afrodescendientes en Honduras frente a proyectos extractivos, concluye el informe.

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