«En este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la Ley de Amnistía», afirmó el parlamentario durante una reunión de consulta pública del proyecto de ley que regula la Cruz Roja Venezolana.
En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez afirmó que los primeros casos que se están atendiendo son del calabozo policial conocido como Zona 7 y El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ambos en Caracas.
El diputado no ofreció más detalles sobre las liberaciones, las identidades de los beneficiados ni la cantidad precisa de casos.
Las primeras solicitudes de amnistía en Venezuela
Rodríguez señaló que la comisión parlamentaria encargada de garantizar el cumplimiento de la ley, presidida por el diputado chavista Jorge Arreaza, está en «sesión permanente» para analizar las solicitudes de amnistía.
Asimismo, agregó que también se tiene previsto atender la solicitud de amnistía de «más de 11.000» personas con medidas sustitutivas de libertad, como régimen de presentación ante tribunales o prohibición de salida del país, para que «puedan disfrutar libertad plena».
El viernes, el diputado Arreaza indicó en una entrevista televisiva que la Fiscalía General introdujo 379 solicitudes de amnistía ante los «tribunales competentes», y afirmó que los amnistiados debían ser excarcelados entre la noche del viernes y la mañana de este sábado.
Según precisó, de las 379 solicitudes de amnistía, 371 son en Caracas, cinco en el estado Barinas (oeste), dos en Portuguesa (oeste) y una en Monagas (este).
No todos los presos quedarán en libertad
Las autoridades venezolanas establecieron un protocolo para la aplicación «expedita» de la ley, redactado y aprobado durante una reunión en la que participaron el viernes los titulares del Tribunal Supremo y de la Fiscalía, Caryslia Rodríguez y Tarek William Saab, respectivamente, junto a la comisión parlamentaria.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, estimó que al menos 400 detenidos por estos motivos podrían estar excluidos de la amnistía e informó que entregará a la comisión especial una primera lista para la revisión de 232 casos.
Según sus registros, en Venezuela hay más de 600 presos políticos detenidos, tras la excarcelación de 448 personas desde el pasado 8 de enero.
La ley cubre, en teoría, el período establecido entre 1999 y 2026, pero específica 13 coyunturas políticas arrancando en 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 del los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, promulgó la ley tras su aprobación en el Parlamento y pidió «celeridad» a esta comisión para revisar los casos «no contemplados» en la legislación.
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