La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó este jueves, de manera unánime, una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país suramericano.

En el artículo 9 de la nueva legislación se excluyen de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.

Igualmente, establece la exclusión de personas que se encuentren o puedan procesarse o condenarse por «promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial» de Venezuela por parte de «Estados, corporaciones o personas extranjeras».

Los diputados aprobaron conceder la amnistía sobre hechos o «faltas cometidas» durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.

Rodríguez: hay que saber pedir perdón y recibirlo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo sentirse «muy complacida» con la aprobación de la ley que, a su juicio, abre una puerta para que los ciudadanos se reencuentren y para que el país aprenda a convivir pacífica y democráticamente.

«Para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que primen los derechos humanos, que prime el amor, el entendimiento, el reconocimiento», añadió tras rubricar la legislación en el palacio presidencial de Miraflores, acompañada del presidente de la AN, Jorge Rodríguez, y del ministro de Interior, Diosdado Cabello.

La líder chavista sostuvo que hay que «saber pedir perdón y hay que también recibir el perdón» lo que, indicó, se abre ahora con esta nueva ley.

También pidió al Parlamento, al programa para la convivencia y la paz y a la comisión para la revolución judicial que evalúe casos que no están contemplados en la recién aprobada ley para «curar heridas, reencauzar la convivencia democrática» y la justicia.

«Yo pido a toda Venezuela que nos aboquemos a esa tarea tan fundamental como una de las grandes virtudes de nuestra república, que debe ser la justicia», añadió.

Esta propuesta de amnistía se enmarca en el «nuevo momento político» anunciado por Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero.

La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.

La última ha sido la del opositor Juan Pablo Guanipa, que era liberado apenas unas horas después de la aprobación de la ley.

Familiares celebran la amnistía y levantan la huelga de hambre

Entretanto, los familiares de los presos políticos de Venezuela celebraron la aprobación de la ley de amnistía y exigieron la liberación de los detenidos, coincidiendo con el anuncio del fin de la huelga de hambre que secundaba desde el pasado sábado un grupo de diez mujeres.

Entre lágrimas, abrazos, gritos y oraciones, los familiares vieron a través de teléfonos el momento cuando Jorge Rodríguez proclamó «el aprobado por unanimidad» que dio luz verde a la amnistía.

«Hoy al ser aprobada la ley de amnistía, tenemos una alegría profunda. Tenemos mucha emoción porque sentimos que, de una u otra forma, valió la pena la lucha que hemos hecho durante todos estos días. Estamos sumamente felices y esperamos con ansia a nuestros seres queridos», dijo a EFE Petra Vera, familiar de un preso político recluido en el comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, en el este de Caracas.

«Hoy estamos levantando ya la huelga de hambre», dijo Yessy Orozco, tras señalar que a día de hoy solo una de estas mujeres mantenía la protesta debido que las condiciones físicas no permitieron a las demás a seguir con la huelga.

«Pero aquí seguimos, aquí seguimos con la mejor disposición y con la fortaleza (…). Aquí seguimos hasta que el último salga, por la libertad de todos nuestros familiares y de todos los presos políticos de este país», añadió.

ONG y opositores, con reservas

Mientras, ONG defensoras de derechos humanos y opositores venezolanos expusieron sus reservas en las redes sociales tras la aprobación de la ley.

El coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, dijo que lo aprobado no corresponde «con el espíritu de paz y reconciliación que debería tener una norma de esa naturaleza».

Por su parte, el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, indicó en X que hay que recibir con optimismo la aprobación de la ley pero que también es restrictiva y deja por fuera «muchos casos».

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón señaló que el texto aprobado es «revictimizante, excluyente y, en lo absoluto, garantiza la liberación plena de todos los presos políticos».

Igualmente, el partido opositor Primero Justicia sostuvo que la ley es «insuficiente y sesgada».

Pero el diputado opositor Stalin González, miembro de la comisión de seguimiento de la ley, cree que la amnistía es una «herramienta para reconstruir la justicia», aunque «no es perfecta”.

El Parlamento admite mal uso de Ley contra el odio

Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional admitió el uso inadecuado de la Ley contra el odio -cuestionada por defensores de derechos humanos- y consideró posible una reforma de esta legislación que establece penas de hasta 20 años de cárcel.

El jefe parlamentario aseguró que la Ley contra el odio es «muy útil», pero reconoció que «hubo situaciones de mala utilización» y aplicación de esta legislación.

En este sentido, señaló que el Programa por la Convivencia Democrática que impulsa el diálogo político en el país a petición de la presidenta Delcy Rodríguez se encuentra «estudiando los alcances» de esta ley, y adelantó que es «muy probable» su reforma en la AN.

La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia la aprobó en noviembre de 2017 la Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país suramericano.

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