El Consejo de Ministros ha invocado el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para pedirle que investigue los delitos que X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante la inteligencia artificial, tal y como ha anunciado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En 11 días se crearon 3 millones de desnudos por IA
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha denunciado que en once días ha habido 3 millones de fotos de desnudos generados por inteligencia artificial (IA) y muchas de ellas corresponden a menores de edad.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno ha señalado, en este sentido, que a partir de ahora, el Ministerio de la Presidencia, Justicia, Relaciones con las Cortes, solicitará a la Fiscalía General del Estado investigar y, en su caso, perseguir estos posibles delitos de violencia sexual digital en las principales redes sociales.
«No podemos permitir, a través del algoritmo, que se pueda amplificar o amparar todo esto», ha advertido Saiz, que ha alertado de que «está en juego la seguridad de nuestros hijos, de nuestras hijas, la protección de su imagen, de su intimidad y de su libertad».
Garantizar los derechos de la infancia
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado en Bluesky que con esta decisión el Gobierno da un paso más para garantizar los derechos de la infancia en las redes sociales.
Recuerda la ministra que en enero solicitaron a la Fiscalía que investigase si X había cometido delitos de pornografía infantil y destaca que «hoy, activamos en Consejo de Ministros el Art. 8 del Estatuto del Ministerio Fiscal para investigar a las grandes plataformas».
Las cinco medidas de Sánchez
El presidente del Gobierno anunció el pasado 6 de febrero a través de un vídeo en X una campaña de cinco medidas contra las redes sociales al considerar que hay aplicaciones que «dan refugio a actividades criminales, de pornografía, de violencia».
«Nuestra determinación es más fuerte que sus bolsillos», aseguró y subrayó que «las redes sociales, por desgracia, se han convertido en una suerte de salvaje Oeste, de Estado fallido».
En medio de su discurso mostró un cartel con el mensaje: «Los usuarios de Grok generaron tres millones de imágenes sexualizadas en X en 11 días, incluidas más de 23.000 menores».
Trabajar con el Ministerio Fiscal
Frente a ello, anunció como primera medida trabajar conjuntamente con el Ministerio Fiscal para que investigue posibles delitos cometidos en redes sociales, especialmente aquellos que afecten a menores.
El Gobierno también perseguirá la manipulación de algoritmos que utilice datos sin consentimiento y trabajará para imponer responsabilidades penales a las compañías si se niegan a retirar contenidos ilícitos de sus redes.
Crear una «huella de odio y polarización» para cuantificar y evidenciar cómo las plataformas digitales alimentan la división y el odio y limitar el acceso a las redes a los menores de 16 años son las otras medidas previstas por el Gobierno.
Europa cree que la decisión puede ser compatible con la Ley UE
La Comisión Europea (CE) consideró que la petición a la Fiscalía por parte del Gobierno español de investigar a plataformas como X, Meta y TikTok por supuestos delitos de creación y difusión de pornografía infantil mediante la inteligencia artificial puede ser compatible con la Ley europea de Servicios Digitales (DSA) si se trata de una acción en el ámbito penal.
«Se verá, pero definitivamente podría ser compatible», indicó este martes el portavoz comunitario Thomas Regnier durante la rueda de prensa diaria de la institución.
El portavoz recordó que la Comisión trabaja «codo con codo con los Estados miembros en la lucha contra la pornografía infantil en internet», ya que «esto no tiene cabida en Europa y no se tolerará aquí».
En todo caso, pidió diferenciar si se trata de una investigación penal, algo que no lleva a cabo Bruselas.
«Nosotros no llevamos a cabo investigaciones penales. Por lo tanto, si un gobierno, si un Estado miembro actúa contra personas a nivel nacional que han vendido ese tipo de productos en la UE o que han publicado este tipo de contenidos, puede hacerlo porque nosotros no responsabilizamos a las personas», explicó.
Precisó que la ley comunitaria «responsabiliza a las plataformas».
«Por lo tanto, nos centramos en las plataformas y en garantizar que éstas y sus sistemas no permitan la generación de este tipo de contenidos aquí en Europa. Así pues, nosotros nos centramos en las plataformas; los Estados miembros pueden ir por el ámbito penal», concluyó Regnier.
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