El congresista republicano por Florida, Carlos Giménez, subrayó que a EFE que es importante que el gobierno federal, que otorga esas licencias, las restrinja porque hacen a Estados Unidos «cómplices» de la opresión en Cuba.
El republicano criticó que artículos de lujo, como vehículos de alta gama -ferraris o jaguares- e incluso camiones y otros productos industriales, como refrigeradores provenientes de China que transitan por Estados Unidos, no son «humanitarios» y, por el contrario, contribuyen a fortalecer la «represión» del gobierno cubano.
Revisión urgente de las licencias
En una rueda de prensa en el Puerto de Miami, el congresista, acompañado de líderes del exilio como José Daniel Ferrer, Rosa María Payá y Orlando Gutiérrez, señaló que junto con los legisladores María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart enviaron una carta al Gobierno Trump pidiendo cortar «los beneficios financieros o materiales a empresas controladas por el régimen cubano».
Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, señaló en la rueda de prensa que su oficina revisó las licencias de exportación a Cuba y que no todos los productos autorizados benefician al pueblo cubano.
Alimentos, medicinas y bienes esenciales sí ayudan, pero los autos de lujo, equipos recreativos, motos acuáticas, jacuzzis y otros productos de alto consumo no cumplen ese objetivo, afirmó.
«Identificamos que algunas licencias federales otorgadas a ciertas compañías autorizan la exportación de bienes que van mucho más allá de las necesidades humanitarias básicas», aseguró.
En la misiva, enviada a los departamentos del Tesoro y de Comercio, los congresistas exigen «una revisión completa e inmediata para negar cualquier licencia que permita a personas o entidades estadounidenses hacer negocios con el régimen cubano, designado por Estados Unidos como Patrocinador Estatal del Terrorismo».
Por un embargo real
Para la congresista Salazar, «la ley estadounidense es clara: las sanciones existen para negar apoyo económico a la dictadura cubana hasta que se produzca un cambio democrático real».
La republicana, de origen cubano, instó en un comunicado a la Administración Trump a revisar y revocar cualquier licencia que beneficie directa o indirectamente a entidades controladas por el régimen y fortalecer el escrutinio de futuras licencias.
La representante hizo un llamado a cumplir la Ley LIBERTAD, en referencia a la Ley Helms-Burton, de 1996, que reforzó el embargo de EE.UU. contra Cuba y lo convirtió en ley federal, limitando que un presidente lo levante sin el Congreso.
Giménez reiteró que las acciones del presidente Trump han acercado al colapso al régimen comunista en Cuba e insistió en «cerrar todas las fuentes de ingreso que utiliza el régimen para reprimir al pueblo cubano, incluyendo el flujo de petróleo venezolano, los vuelos, las remesas y los negocios que envían productos de lujo».
En su segundo mandato, Trump ha reforzado la presión sobre Cuba mediante nuevas restricciones al flujo de ingresos hacia la isla, incluyendo mayores controles y limitaciones a las remesas, la reducción o suspensión de determinadas rutas aéreas y licencias de viaje, así como medidas dirigidas a obstaculizar el suministro de petróleo y otros apoyos energéticos al gobierno cubano, con el objetivo declarado de cortar fuentes de financiamiento al régimen.
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