La Venezuela de la líder chavista Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro hace un mes por EE.UU., ha cedido el control estatal sobre la actividad petrolera del país para abrir las puertas al capital privado y extranjero, al reformar, de manera sustancial, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una medida que analistas interpretan como el desmantelamiento del legado del fallecido presidente Hugo Chávez.
La semana pasada, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, aprobó por unanimidad la denominada «reforma parcial» de la ley ya vigente y considerada por expertos como la tercera más importante del país petrolero, después de la Constitución y del Código Civil.
Chávez promovió en 2001 una ley de hidrocarburos que cinco años más tarde sometió a una reforma para aumentar la participación estatal y el control sobre la actividad petrolera.
En ese entonces, el ministro de Petróleo era el ingeniero Rafael Ramírez, quien ha considerado en un conversación con EFE que la reciente reforma, propuesta por la mandataria encargada en un contexto de acercamientos con Estados Unidos, «sin duda revierte» lo que hizo Chávez y «erradica» su política petrolera.
Para Ramírez, en este caso el uso de la palabra reforma es «un eufemismo» de «derogación».
El exministro, quien estuvo en el cargo de 2002 a 2014, explicó que, con las recientes modificaciones, Venezuela «no va a tener más control» sobre el petróleo y no podrá tomar decisiones sobre producción, ventas e incluso el precio de su barril, por lo que se trata, dijo, de un «retroceso tremendo en términos de soberanía».
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La reforma, si bien mantiene que el Estado tiene derecho a una participación de hasta 30 % como regalía, ahora permite la opción de bajar el porcentaje en función del proyecto.
Según Ramírez, a quien se le conocía como el zar del petróleo de Chávez, con este «cambio sustancial» se impone «la tesis de las transnacionales de regalías mínimas, de hasta 1 % como condición para maximizar el retorno de sus inversiones, despojando al Estado de su derecho como propietario del petróleo».
La reforma también señala que ahora las actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento) podrán ser realizadas no solo exclusiva o mayoritariamente por el Estado, sino también por compañías privadas domiciliadas en el país, «en el marco de contratos suscritos con empresas de exclusiva propiedad de la república o sus filiales».
Además, las actividades de comercialización ya no estarán a cargo exclusivamente de empresas estatales, como estaba establecido antes, sino también por privadas con autorización.
Todo esto, según Ramírez, contradice el artículo 302, que reserva al Estado, «por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico».
Por otra parte, indicó que la reforma también viola la carta magna con la incorporación de un nuevo artículo que permite la opción de resolver conflictos «mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitraje».
«De la política petrolera de Chávez no queda nada», aseveró Ramírez, quien también fue presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), para quien esta empresa «va a quedar como un cascarón vacío» dedicada a administrar contratos.
Presiones
El economista Manuel Sutherland también dijo a EFE que la reforma «tiene algunos elementos que chocan directamente con el nacionalismo petrolero estatista que había construido Chávez».
«Ha habido un retroceso en cuanto al nacionalismo petrolero estatista chavista», afirmó el profesor del doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país.
El experto considera que la ley se cambió «por altísimas presiones de inversionistas que quieren colocar dinero de una manera más segura» y con «una garantía jurídica mayor».
«Hay una presión internacional muy dura que está obligando al chavismo a hacer cosas que no quiere», señaló Sutherland, para quien el Gobierno está «haciendo estos cambios a regañadientes» y que, de acuerdo al experto, le hacen creer al oficialismo que «le quitan poder y fuerza y lo ponen mal ante su propia base».
Sutherland aseguró que si bien «es algo que se venía pidiendo desde hace muchos años», prosiguió, esta reforma «se presentó de una manera muy rápida», lo que, dijo, «de ningún punto de vista permite una discusión profunda de cada artículo».
«Era necesaria una reforma de la Ley de Hidrocarburos, pero esa reforma tenía que discutirse muy ampliamente, no podía apresurarse», dijo.
La consulta que hubo, agregó, fue «demasiado exprés» y «reducida», cuando, a su juicio, debió tomar «meses de discusión y cuidado si no más».
Ramírez coincide en que la aprobación fue «exprés». Para él, una ley que nace en estas circunstancias, cuando EE.UU. «está diciendo lo que hay que hacer y el Gobierno (venezolano) lo está haciendo», y que «viola tantos artículos de la Constitución, está signada por la inconstitucionalidad y falta de legitimidad».
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