«Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente», señaló Rodríguez en el acto del inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La líder chavista encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz para que en las «próximas horas» presenten la ley ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), así como la «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación.

«Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió.

Asimismo, Rodríguez convocó a una «gran consulta nacional» para construir un nuevo sistema de justicia en el país.

Un llamado persistente de las ONG

La mandataria encargada pidió a los presos políticos del país, incluyendo a aquellos que ya han recibido medidas de excarcelación, que «no se imponga la venganza, la revancha ni el odio».

Rodríguez indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

Varias ONG han insistido desde hace años en una amnistía general para todos los presos políticos, presentando, al mismo tiempo, varias propuestas de ley. La última propuesta la hizo el martes pasado la organización Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad.

El texto de la ONG y el Comité incluía 12 artículos y proponía la amnistía para «todas esas personas que han sido perseguidas, luchadores sociales, periodistas, integrantes de comité de víctimas, militares y personas perseguidas o privadas de su libertad en el contexto de movilizaciones postelectorales».

A principios de mes, una fracción parlamentaria de Venezuela planteó también una ley de amnistía para, argumentó, llevarle «sosiego» a los familiares de las personas «que están injustamente detenidas«.

Antecedentes de amnistía en Venezuela

Actualmente, según la ONG Foro Penal, hay 711 presos políticos, pero el Gobierno venezolano negaba que en el país hubiera personas detenidas por estos motivos y señalaba que los detenidos cometieron delitos, en su mayoría, relacionados al terrorismo.

La última vez que se promulgó una ley de amnistía en Venezuela fue en diciembre de 2007, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) perdonó a personas involucradas en el golpe de Estado en su contra en 2002.

En 2016, el Parlamento, para entonces controlado por la oposición, aprobó una ley de amnistía, declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que es afín al chavismo, y nunca se pudo aplicar.

En agosto de 2020, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, otorgó, mediante decreto, 110 medidas de indultos a opositores, sindicalistas y actores sociales acusados de diversos delitos, de cara a elecciones legislativas que se celebraron en diciembre de ese año, un evento al que el grueso de la oposición no se presentó.

Familiares de presos políticos, esperanzados

Familiares de presos políticos en Venezuela dijeron este viernes a EFE que se sienten «esperanzados» tras la propuesta de ley de amnistía presentada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que deberá presentarse en las «próximas horas» ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

«Primeramente Dios, primeramente Dios, y yo sé que muchas personas, tanto en la Asamblea Nacional como afuera, deseamos un cambio, un cambio radical tanto para la sociedad, la estructura política», dijo a EFE Sandra Rosales, quien tiene a su esposo Dionis Quintero detenido en el calabozo policial de Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en el este de Caracas.

Rosales indicó que su esposo es funcionario de la Policía y está detenido desde hace dos meses, pero celebró la decisión de Rodríguez sobre esta ley pues considera que hay muchos presos «injustamente».

«Eso permite un paso adelante para todos los presos políticos», añadió Rosales tras recordar que los familiares han atravesado el «dolor» de no poder ver a sus allegados porque, dijo, les niegan las visitas.

Por su parte, Mariglys Guzmán, quien también se encontraba a las afueras del calabozo policial, dijo que esperaba que todos «puedan disfrutar de los beneficios que se están dando».

«Seguiremos en la lucha hasta poder abrazar a los nuestros, que también han sido víctimas de este terror», añadió Guzmán, quien tiene a su hermano Luis Daniel detenido desde el 29 de marzo de 2023, acusado por una trama de corrupción relacionada a la estatal petrolera PDVSA.

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