Las aguas internacionales, consideradas el mayor hábitat del planeta (suman dos tercios de los océanos) y que hasta ahora eran «territorio sin ley» al no ser jurisdicción de ningún país, estarán a partir de este sábado bajo el paraguas del Tratado de Alta Mar, en el que se incluyen, entre otras cosas, medidas de protección y conservación ambiental ante la actividad humana, como la pesca, el transporte o la minería.

Formalmente denominado Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional, este tratado se acordó en marzo de 2023, tras dos décadas de negociaciones, y entra en vigor el 17 de septiembre, después de que lograra reunir las ratificaciones necesarias para ello (ya van cerca de 80).

Entre los que lo han ratificado, España, la Unión Europea o China. Sin embargo, países como Estados Unidos, India o Argentina, que en su día lo firmaron, aún no lo han hecho.

Vital para poder proteger el 30 % de los océanos

Pese a su enorme importancia, estas aguas «en tierra de nadie», situadas a más 200 millas marinas de la costa, compartidas por todos los países y que juntas equivalen a la mitad del planeta, han estado gestionadas hasta ahora bajo una serie de acuerdos y organismos internacionales sin una jurisdicción clara y con unas normas inadecuadas para su protección.

Ahora, gracias al Tratado de Alta Mar, se podrá aplicar en ellas el Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal, que compromete a los países a proteger y conservar al menos el 30 % de los océanos y resto de ecosistemas de la Tierra para 2030, pues, entre otras cuestiones, establece herramientas para crear áreas marinas protegidas (AMP).

Su aplicación permitirá superar la fragmentación normativa existente y avanzar hacia un enfoque integrado, preventivo y basado en el conocimiento científico, han explicado a EFEverde fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

Uso justo y sostenible de recursos

Entre otras cuestiones, establece un marco común para el acceso y la utilización de los recursos genéticos marinos, incorporando el principio de reparto «justo y equitativo» de los beneficios derivados de su uso.

«Este enfoque resulta especialmente relevante ante el creciente desarrollo de actividades científicas y biotecnológicas en aguas internacionales, y refuerza la consideración de estos recursos como patrimonio común, promoviendo su uso responsable y sostenible», han subrayado desde el Ministerio.

Además, define procedimientos multilaterales, criterios científicos y mecanismos de seguimiento para el establecimiento y gestión de áreas, lo que permitirá avanzar de forma efectiva hacia los compromisos internacionales de conservación marina, incluyendo el objetivo de proteger al menos el 30 % del océano para 2030.

Estas medidas, según las fuentes ministeriales, contribuirán a la preservación de la biodiversidad, al mantenimiento de los servicios ecosistémicos y al refuerzo de la resiliencia de los ecosistemas marinos frente al cambio climático.

Decisiones informadas y basadas en ciencia 

Otro de los elementos centrales del acuerdo, han apuntado, es la regulación de las evaluaciones de impacto ambiental de las actividades previstas en alta mar.

Para ello, introduce obligaciones comunes para identificar, evaluar y gestionar los posibles impactos significativos sobre el medio marino, garantizando la transparencia, la participación y el acceso a la información. Estas evaluaciones deberán compartirse a través de un mecanismo internacional de intercambio de información, lo que favorecerá la cooperación científica y la toma de decisiones informada.

Para España, la aplicación del tratado «refuerza su compromiso con la protección del medio marino y la biodiversidad, así como con una gobernanza oceánica basada en la ciencia y la cooperación multilateral».

Participar en los órganos del tratado, han añadido, permitirá contribuir al desarrollo de sus instrumentos de implementación, aportar capacidades científicas y técnicas, y avanzar en la coherencia entre las políticas nacionales, europeas e internacionales en materia de conservación marina y adaptación al cambio climático.

Conferencia de las Partes (COP) específica

Para comenzar a funcionar, se establecerá una Conferencia de las Partes (COP) y otros órganos institucionales, como un Órgano Científico y Técnico, un Comité de Implementación y Cumplimiento y comités especializados, ha apuntado a EFEverde Eva Hernández, coordinadora de Gobernanza ambiental de SEO/BirdLife.

En el caso de la COP, High Seas Alliance apunta a que se celebrará en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, probablemente «en la segunda mitad de 2026 o principios de 2027», con el objetivo de  ser «una plataforma de lanzamiento para todos los procesos y los acuerdos» para cumplir «con las promesas establecidas».

Todos ellos servirán de plataforma para trabajar con las autoridades que regulan la pesca, el transporte marítimo y la minería para intentar asegurar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina de Alta Mar, así como para establecer mecanismos para compartir equitativamente los beneficios derivados de la explotación de los recursos bajo el Convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, ha apuntado.

«Esperamos que además permita a la comunidad internacional realizar evaluaciones de impacto ambiental coherentes de las actividades que puedan dañar la vida marina», ha afirmado Hernández.

Para José Luis García Varas, responsable del Programa Marino de WWF, el tratado representa una oportunidad sin precedentes para fortalecer la conservación y el manejo sostenible de los océanos.

Esto es así porque, entre otras cuestiones, permitirá establecer Áreas Marinas Protegidas en aguas internacionales, evaluar y limitar el impacto de nuevas actividades humanas, como la minería submarina y afrontar la sobrepesca y la contaminación, así como fomentar la cooperación científica, la transferencia de tecnologías y el acceso equitativo a los beneficios de los recursos genéticos marinos.

El multeralismo sigue vivo 

Es «un hito importante no solo para la gobernanza de los océanos, sino también para el multilateralismo«, ha apuntado la directora de la alianza High Seas Alliance,  Rebecca Hubbard.

«Tenemos países marinos y sin litoral, grandes y pequeños, desarrollados y en vías de desarrollo, de todas las regiones del mundo, que realmente han apoyado y se han comprometido con el tratado y creo que para muchas personas, especialmente en este momento tan difícil para la política mundial, ofrece un pequeño rayo de esperanza para el multilateralismo», ha subrayado.

En la misma línea, Fabienne McLellan, directora general de OceanCare, para quien la entrada en vigor del tratado demuestra que, incluso en tiempos de turbulencia política, los países pueden unirse por el bien común. Si se implementa según lo previsto, supondrá un verdadero punto de inflexión para la vida marina y la biodiversidad.

«El verdadero reto ahora es convertir este logro histórico en acciones concretas, abordando las amenazas de la contaminación por plásticos y el ruido submarino en el contexto más amplio del cambio climático, y garantizando la protección de la alta mar para las generaciones futuras», ha aseverado.

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