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Gobierno de España pacta con la Iglesia Católica para indemnizar víctimas de abuso

La Iglesia asumirá el pago de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales, según el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE), que contempla la creación de una nueva vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de las víctimas para las que ya no es posible la vía judicial.

Gobierno de España pacta con la Iglesia Católica para indemnizar víctimas de abuso
Gobierno de España pacta con la Iglesia Católica para indemnizar víctimas de abuso EFE

La Iglesia asumirá el pago de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales, según el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE), que contempla la creación de una nueva vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de las víctimas para las que ya no es posible la vía judicial.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la CEE, Luis Argüello, y el de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, han firmado este jueves el acuerdo que llega después de que la Iglesia aceptara la propuesta del Gobierno para atender y reparar a las víctimas de abusos sexuales.

La Iglesia asumirá el coste de las indemnizaciones

Se trata de un sistema mixto Iglesia-Estado, con participación de las víctimas y reparaciones económicas o de cualquier otra naturaleza a cargo de la Iglesia. En caso de disconformidad -indican desde Justicia- la decisión recaerá en el Estado y las reparaciones económicas a las víctimas para las que ya no es posible la vía judicial serán a cargo de la Iglesia.

Este nuevo mecanismo de reparación prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo que solicite la víctima.

Esa propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA), que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes (CPRIVA y persona solicitante), la propuesta tendrá carácter definitivo.

Por contra, si no hubiera conformidad, ya sea de la persona solicitante o de la CPRIVA, se convocará una Comisión Mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime. Si persistiera la disconformidad corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva.

La Iglesia deberá dar cumplimiento a las medidas reparadoras en plazo. Si no lo hicieran la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.

Bolaños: salda una deuda moral

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado que el acuerdo salda una «deuda histórica y moral» después de décadas de «silencio y dolor».

«Hoy podemos decir que la democracia cumple con las víctimas», ha subrayado el ministro tras la firma. Además, ha destacado que será la Iglesia la que se hará cargo del pago de las indemnizaciones a las víctimas y que «el Estado no abonará un céntimo».

En definitiva, el ministro ha subrayado que «la indemnización la fija el Estado y la abona la Iglesia» y ha recordado que «después de décadas de dolor» y cuando las víctimas se han encontrado «con un muro de incomprensión, y en ocasiones de encubrimiento, hoy podemos decir que la democracia cumple».

Desde la CEE, destacan que para la firma de este acuerdo, el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social, tal y como solicitaba la Iglesia.

Además -indican- el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas del impuesto sobre la Renta.

Los obispos destacan que el sistema establecido no está basado en la imposición de una obligación jurídica sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes, y apuntan que es una vía «temporal» con una duración de un año (prorrogable un año) para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial, bien por la prescripción del delito o por la muerte del victimario.

Para el departamento que preside Bolaños, se trata de un acuerdo «histórico» y recuerdan que después de más de 20 años sin cerrar un acuerdo con la Iglesia católica, con este ya son cuatro los que ha firmado el ministro con la Iglesia en las últimas dos legislaturas.

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