El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue declarado culpable este jueves de haber atentado contra el orden democrático por la Primera Sala de la Corte Suprema, que le impuso una pena de 27 años y tres meses de cárcel.

Aunque tenía previsto dictar las penas en una sesión reservada para este viernes, la Primera Sala decidió pasar inmediatamente a la fase de sentencia una vez que concluyó la audiencia en la que, por cuatro votos a uno, declaró la culpabilidad de Bolsonaro y otros siete reos, entre ellos exministros y antiguos jefes militares.

En el caso de Bolsonaro, el juez relator consideró el agravante de que la acusación lo ha considerado «líder» de una «organización criminal» que conspiró para intentar impedir que el actual mandatario le sucediera en el poder tras ganar las elecciones de octubre de 2022.

A Bolsonaro y los otros siete reos se les declaró culpables de delitos contra la democracia, como intento de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado.

«Las pruebas permiten concluir que los acusados pretendían romper el estado democrático de derecho», dijo el presidente de la Primera Sala de la Corte Suprema, Cristiano Zanin, en su voto, que dejó una mayoría de cuatro a uno la condena de Bolsonaro y otros siete reos, entre los que figuran exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas.

«La Fiscalía consiguió describir satisfactoriamente una organización criminal armada, estructurada jerárquicamente y orientada a perseguir un proyecto» centrado en la «permanencia en el poder del presidente Bolsonaro, sea cual fuera el método criminal a ser utilizado», aseguró Zanin.

Los hechos por los que la Justicia condena a Bolsonaro

En el caso de Bolsonaro, la acusación formulada por la Fiscalía General contempla un agravante, pues lo considera «jefe» de la «organización criminal» que intentó impedir la toma de posesión de Lula, tras su victoria en las elecciones de 2022 frente al líder de la extrema derecha.

Según la acusación formulada por la Fiscalía General y aceptada por cuatro de los cinco jueces, la conspiración comenzó en junio de 2021, poco más de un año antes de las elecciones y cuando Lula comenzaba a despuntar en las encuestas.

La trama se desarrolló en diversas fases y comenzó con una dura campaña de descrédito contra las instituciones y el sistema electoral del país dirigida por el propio Bolsonaro, de acuerdo a la acusación.

La conspiración paso de las palabras a los hechos después de que Lula ganó las elecciones de octubre de 2022, con intensas protestas, atentados frustrados por la Policía y campamentos en las puertas de los cuarteles en los que miles de bolsonaristas exigían al Ejército que impidiera la investidura de Lula.

El líder progresista asumió el poder finalmente el 1 de enero de 2023 y, una semana después, miles de activistas de ultraderecha salieron de uno de esos campamentos en Brasilia para asaltar con violencia las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la propia Corte Suprema.

De acuerdo a la Fiscalía, esa acción fue el corolario de una trama golpista que, según la acusación, fue «liderada» y dirigida personalmente por Bolsonaro, con el objetivo de «perpetuarse en el poder» e instalar «una dictadura» en Brasil.

Defensa de Bolsonaro podrá presentar un recurso de apelación

Tras la publicación de la sentencia con la decisión judicial, que puede demorar hasta 60 días desde el juicio, las defensas del expresidente y los otros siete condenados disponen de un plazo para interponer un escrito de apelación.

En el caso de Bolsonaro, solo cabe la posibilidad de presentar los llamados ‘recursos de aclaración’, que tienen como objetivo especificar algunas cuestiones del texto final de la sentencia, lo que podría derivar en una reducción de la pena o en un aplazamiento del cumplimiento de la misma.

No obstante, no podrán solicitar que la pena sea analizada por el plenario del Tribunal, lo que podría cambiar el resultado del juicio. 

Para hacer uso de este recurso habría sido necesario dos votos divergentes entre los cinco jueces, pero en la causa de Bolsonaro, solo un juez votó a favor de librarlo de todos los cargos, así que esta posibilidad está anulada.

Si se presenta el recurso, corresponde al magistrado Alexandre de Moraes, relator del caso, revisarlo y marcar el inicio de ejecución de las penas. 

Una vez que se agotan los recursos, la pena se vuelve efectiva.

En Brasil, las condenas mayores a ocho años de prisión requieren de cumplimiento a régimen cerrado.

Sin embargo, por sus problemas de salud y edad avanzada, el exjefe de Estado, de 70 años, podrá solicitar cumplir la pena en prisión domiciliaria, algo que ya ha sido considerado por su defensa, según declaraciones públicas. 

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