La cifra de personas fallecidas en custodia de las autoridades de seguridad de El Salvador, detenidas en el contexto de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, asciende a 427, según informó este lunes la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
«Lamentamos informar que la cifra de muertes en centros penales sube a 427», publicó en X la ONG -que brinda acompañamiento jurídico a familiares de detenidos- y señaló que, de acuerdo con su información, «se trata de personas procesadas y sin condena».
Según el SJH, el 94 % de estas personas fallecidas «no tenían perfil de pandilleros» y alertó que el número de muertes bajo custodia del Estado «podría superar los 1.000», pero «se tiene información que se quieren ocultar en los juicios masivos».
Una reforma penal aprobada en 2023 por la Asamblea Legislativa -dominada por el oficialismo- permite la realización de procesos penales masivos y colectivos por grupo de pandilla, y elimina los procesos individuales.
A la fecha no se ha emitido alguna sentencia bajo este procedimiento, el cual, según ha denunciado organizaciones de derechos, «vulnera y violenta el derecho al debido proceso» de las personas procesadas.
El régimen de excepción en El Salvador
El régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, fue aprobado en marzo de 2022 por el Congreso tras una escalada de homicidios que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días, y se ha ampliado en 40 ocasiones por periodos de 30 días a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele.
De acuerdo con los datos oficiales, en este contexto suman más de 87.100 las detenciones de supuestos pandilleros y personas supuestamente ligadas a estas bandas, de las que unas 8.000 correspondería a inocentes, según ha admitido el Gobierno.
Las organizaciones humanitarias han recibido más 6.400 denuncias de atropellos a derechos humanos en este contexto, principalmente por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de corta de duración.
Diversas organizaciones humanitarias y analistas han señalado que este régimen se ha mantenido por más de tres años como «un mecanismo de control social y para perseguir a voces críticas del Ejecutivo de Bukele».
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